Entre el terrorismo y los escándalos financieros

Patricio Navia

Época 909, Julio 19, 2002

 

Olvidando la preocupación ante posibles ataques terroristas de fundamentalistas islámicos que por meses los consumió, los estadounidenses ahora temen el efecto negativo  que los escándalos financieros tendrán en sus ahorros, fondos privados de jubilación y en la economía en general.

 

Aunque el país entero está consternado por la profundidad de la crisis financiera que aqueja a muchas empresas estadounidenses, la mayor preocupación de las autoridades es con la crisis de confianza que las malas prácticas contables de muchas grandes compañías han comenzado a generar en el público estadounidense.

 

Después de debacle de Enron hace unos meses, de la caída reciente de la empresa de telecomunicaciones WorldCom y del reconocimiento por parte de una media docena de compañías importantes de haber incurrido en trucos contables para transformar pérdidas en ganancias y así engañar a los inversionistas para evitar que vendieran sus acciones, las autoridades estadounidenses están más preocupadas del efecto que estas revelaciones tendrán en inversionistas y en los consumidores que en los crímenes financieros cometidos por muchos gerentes de empresas que parecían más preocupados de mantener el precio de las acciones artificialmente alto que de generar ganancias reales en sus compañías.  Aunque la opinión pública estadounidense entiende que una de las principales motivaciones para realizar estos trucos está relacionada con los incentivos salariales y bonos en acciones que recibían los altos ejecutivos, la lenta reacción del gobierno y la aparente oposición de la Casa Blanca a la iniciativa demócrata en el Senado para establecer mecanismos que garanticen la responsabilidad administrativa empresarial han llevado a muchos a sindicar al gobierno de Bush como parcialmente responsable del escándalo actual.

 

Una reciente revelación sobre la venta de acciones de la empresa Harken Energy Corporation por 850 mil dólares en 1990 realizada por el entonces ejecutivo de esa empresa, George W. Bush ha complicado aún más al presidente. Bush, cuyo padre entonces ocupaba la Casa Blanca, vendió sus acciones sólo 8 días antes de que el informe trimestral de esa empresa indicando pérdidas hiciera caer el valor de las acciones sustancialmente. Aunque el presidente se ha defendido indicando que la investigación realizada por la Comisión Federal de Valores y Seguros (SEC) no encontró ningún crimen, las revelaciones han dañado su imagen, el propio informe de la SEC no lo exculpa completamente. Y el presidente ha cometido el lamentable error de sugerir que no todo es blanco o negro en el mundo de los negocios. La contradicción con su firme definición de la lucha contra el terrorismo como una cuestión de blanco y negro sugieren la existencia de un doble estándar.

 

Los demócratas no pueden estar más contentos. Después de meses de estar marginados de la política nacional, opacados por un presidente cuya popularidad se mantenía alta producto de la respuesta estadounidense a los ataques de septiembre, la crisis de Enron vino a darles un respiro temporal. Pero la seguidilla actual de crisis en múltiples empresas, exacerbadas por la tibia respuesta de la Casa Blanca al escándalo Enron, y las revelaciones sobre los negocios en que se vieron involucrados tanto el presidente Bush como el vicepresidente Dick Cheney cuando ejercían como ejecutivos de grandes empresas de energía tienen a los demócratas haciendo optimistas cálculos sobre los resultados de las elecciones legislativas de noviembre. Mostrando una marcada tendencia al alza y un debilitamiento progresivo de los republicanos, las encuestas hacen prever que los demócratas podrán recuperar el control de ambas cámaras por primera vez desde 1994.

 

La crisis de confianza en las grandes empresas afecta fundamentalmente a los republicanos. En una encuesta de Gallup/CNN de comienzos de julio, dos tercios de los estadounidenses señalaron que creían que las grandes corporaciones tenían demasiada influencia en el gobierno de Bush. Y un 76% de los encuestados estuvo de acuerdo que las corporaciones tenían demasiado poder sobre los legisladores republicanos. La desconfianza en las grandes empresas y negocios ha aumentado rápidamente. En la última encuesta Gallup un 38% de los estadounidenses señaló a las grandes empresas como la mayor amenaza doméstica para el país, por sobre el aparato burocrático o los sindicatos. Dos años antes, esa cifra sólo alcanzaba el 22%.

 

No sorprende entonces que el gobierno del presidente Bush realice un esfuerzo gigantesco para reposicionar la amenaza terrorista como tema en el debate público. Mientras los comités respectivos del Senado y la Cámara oían los testimonios de ejecutivos y testigos involucrados en los escándalos, las comisiones de seguridad y defensa analizaban el proyecto de ley del presidente que busca la creación de un ministerio de seguridad doméstica.  Las autoridades de gobierno señalaron que existe evidencia de células de Al Qaeda que están actualmente en operación en varias ciudades estadounidenses, como Nueva York y Chicago, y no descartaron la posibilidad de un nuevo ataque.

 

Recientes acontecimientos en Afganistán también han cautivado la atención de los analistas. El asesinato del vicepresidente afgano Haji Abdul Qadir recordó la fragilidad del gobierno pro-estadounidense de ese país. Las muertes civiles causadas por un ataque de las fuerzas estadounidenses y la respuesta de fuerzas rebeldes afganas fueron una nueva advertencia de que el conflicto en ese país no ha terminado y de que Osama Bin Laden, el hombre más buscado por Estados Unidos probablemente sigue escondido en las montañas afganas.

 

Pero la opinión pública no ha prestado mayor atención a los sucesos de Afganistán. Preocupados por el destino de sus ahorros y afectados por una crisis de confianza en el propio sistema de información sobre el que se sustenta Wall Street, los estadounidenses reaccionaron negativamente a un plan delineado por el presidente Bush para corregir y enmendar errores. Los americanos quieren medidas más drásticas y sanciones más severas para los ejecutivos que incurran en estos fraudes destinados a engañar a la población. Los demócratas, ansiosos de quitarle la iniciativa al presidente Bush, dueño y señor del apoyo de la opinión pública en tiempos de guerra, han enarbolado la bandera de la defensa de los americanos medios contra la avaricia y codicia de las grandes empresas.

 

Si Bush no se decide a adoptar una posición más crítica contra aquellos que resulten responsables, pagará también un costo político. Este es el primer presidente estadounidense cuyo título académico es un magíster en administración de empresas (MBA).Su corta y errática carrera profesional la realizó como ejecutivo de empresas ligadas a la energía y a proyectos que gozaban de beneficios tributarios. Hoy, al no adoptar una posición decididamente más crítica de los ejecutivos de empresas y las prácticas engañosas, corre el riesgo de perder la increíble popularidad obtenida después de la respuesta militar a los ataques del 11 de septiembre.  Si la caída de las Torres Gemelas en Nueva York le permitió elevar su popularidad hasta las alturas, la caída de la confianza de los estadounidenses en Wall Street terminará llevando su popularidad al piso y llevará a los demócratas a su victoria electoral en elecciones de mitad de periodo más importante desde 1990.

 

 

Dick Cheney en problemas

El vicepresidente estadounidense fue presidente de Halliburton, una compañía de energía, petróleo y defensa, desde 1995 hasta el año 2000. La empresa, que recientemente construyó las celdas de los prisioneros de guerra talibanes en Guantánamo, Cuba, tuvo ventas por 12 mil millones de dólares el 2001, con ganancias por sobre los US$ 800 millones. El New York Times informó el viernes pasado que la empresa había aumentado sustancialmente sus contratos con el Pentágono desde la llegada de los republicanos. Así y todo, el valor de las acciones bajó de 36 a 13,5 dólares, después que la Comisión Federal de Valores y Seguros iniciara una investigación sobre las prácticas contables de esa empresa. Aunque no existen cargos contra Cheney o Halliburton, la investigación ha sembrado dudas adicionales sobre la responsabilidad de los ocupantes de la Casa Blanca en el escándalo financiero que hoy sacude al país.