Desesperadamente buscando a Henry

Patricio Navia

Época, #864, 7 de septiembre de 2001

 

Un juez argentino ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos que gestione el interrogatorio del ex secretario de estado Henry Kissinger en el marco del proceso que lleva a cabo en Buenos Aires sobre la “Operación Cóndor.”  Aunque es poco probable que el gobierno de Estados Unidos facilite el esfuerzo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que busca identificar y juzgar a todos los involucrados en esta asociación ilícita de policías de inteligencia política y aparatos de represión que operaban en Sudamérica en la década de los 70 durante las dictaduras militares, la petición de Canicoba Corral representa el primer esfuerzo formal por establecer en un tribunal de justicia la participación, o el conocimiento, que el ex Secretario de Estado y ex Asesor de Seguridad Nacional estadounidense tuvo en la elaboración y funcionamiento de este plan que persiguió y ejecutó a enemigos políticos de los regímenes dictatoriales sudamericanos.

 

El juez Canicoba Corral no es el único magistrado dedicado a investigar el “Plan Cóndor.” El juez español Baltasar Garzón y el chileno Juan Guzmán también han realizado pesquisas para establecer las verdaderas dimensiones y aclarar algunos de los hechos atribuidos a las operaciones conjuntas realizadas por las fuerzas represivas de los regímenes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y, en ocasiones, Brasil. Estas investigaciones han sido facilitadas por la cooperación de algunos actores involucrados, el testimonio de testigos, la desclasificación de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos y la acuciosa investigación de los magistrados.  Pero hasta la fecha, aunque mucho se ha especulado sobre la participación directa o indirecta de las agencias de seguridad estadounidenses, ningún esfuerzo formal se había realizado para lograr citar a declarar a personeros estadounidenses que pudieron haber estado involucrados o haber estado en conocimiento de las asociaciones ilícitas que permitieron la creación y operación del tristemente célebre “Plan Cóndor.”

 

El arresto del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 logró que la investigación sobre la conspiración para cometer violaciones a los derechos humanos que se denominó Plan Cóndor recibiera amplia cobertura en la prensa mundial. La serie de derrotas judiciales del ex dictador chileno y la consolidación de la tesis de que las violaciones a los derechos humanos pueden ser juzgadas más allá de las fronteras nacionales donde ocurrieron y que, además, no son amnistiables terminaron por poner los detalles de la Operación Cóndor en un segundo plano. La decisión del gobierno británico de enviar de regreso a Chile al ex dictador, alegando razones humanitarias, hizo disminuir el interés mundial por conocer más sobre las investigaciones que realizaban jueces en Argentina, Chile y Europa para establecer responsabilidades penales por los crímenes cometidos durante el periodo de la guerra sucia en Sudamérica. Pero los jueces han seguido investigando y los hechos relacionados con la forma en que se gestó y comenzó a operar el Plan Cóndor se han venido aclarando. Pese a que la ubicación de muchos de los cadáveres de detenidos desaparecidos ejecutados por las dictaduras regionales ha sido difícil, se han logrado establecer ciertas responsabilidades penales y, pese a las sendas leyes de amnistía y punto final existentes en varios de los países, algunos de los involucrados han ido a parar a las cárceles o centros de detención. En Chile, por ejemplo, el ex dictador Augusto Pinochet estuvo en detención domiciliaria y fue desaforado de su inmunidad parlamentaria como senador vitalicio, aunque recientemente fue sobreseído por motivos de salud. El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla también ha sufrido arresto domiciliario y se encuentra procesado por diversos crímenes.

 

En el contexto de un lento, pero seguro, avance de las justicias argentinas y chilenas en la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la aclaración de los hechos—que permita establecer responsables y someterlos a proceso—la decisión del juez Canicoba Corral a mediados de agosto no debe pasar desapercibida. Aunque el juez probablemente siga a la espera de una respuesta estadounidense por bastante tiempo, su decisión al menos logró evitar un viaje que el ex secretario de estado aparentemente tenía programado a Buenos Aires a fines de agosto.

 

Henry Kissinger nació en Alemania en 1923, pero viajó a Estados Unidos en 1938 donde adoptó la ciudadanía estadounidense, sirvió en el ejército y posteriormente obtuvo su licenciatura, master y doctorado en ciencia política en la Universidad de Harvard.  Después de graduarse, fue profesor en dicha institución desde 1954 hasta 1971.  En 1969, el presidente electo de Estados Unidos lo nombró Asesor de Seguridad Nacional. Ahí Kissinger dejó el mundo académico y entró a las esferas más altas del poder en la Casa Blanca asesorando a Richard Nixon. Instrumental en su defensa de los intereses estadounidenses, Kissinger participó directamente en negociaciones secretas para poner fin a la guerra en Vietnam. Esa misión le catapultó para recibir, junto a Le Duc Tho, el Premio Nóbel de la Paz en 1973. Ese mismo año Kissinger remplazó a William Rogers como Secretario de Estado, confirmando su liderazgo en la política exterior estadounidense.  Después de que Nixon renunciara en 1974, Kissinger fue confirmado como Secretario de Estado, sin perder el título adicional de Asesor de Seguridad Nacional, por el presidente Ford. Al retirarse de la política activa, Kissinger se dedicó a ser asesor de empresas, gobiernos, a dar charlas y clases en diferentes universidades.

 

Su participación en lograr el fin del conflicto en Vietnam, su esfuerzo por reducir los conflictos y traer la paz al medio oriente y su estrategia para limitar el creciente conflicto con la Unión Soviética lo constituyen en el más importante Secretario de Estado estadounidense de los últimos 50 años. Pero su participación activa para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile en 1973 y su abierto apoyo a las dictaduras anticomunistas de América Latina y otras partes del mundo le han ganado muchos enemigos y un justificado cuestionamiento a sus valores éticos y morales.

 

25 años después de que la Operación Cóndor sembrara el terror entre los opositores políticos a los regímenes dictatoriales en América Latina, hoy existe una posibilidad, remota pero no despreciable, de que Henry Kissinger tenga que testificar ante un tribunal argentino sobre lo que entonces el sabía de la Operación Cóndor y del esfuerzo de los dictadores latinoamericanos por eliminar opositores políticos.