Proceso constituyente en tierra derecha

Patricio Navia

El Líbero, julio 2, 2021

 

Cuando la convención constitucional comience a sesionar el domingo 4 de julio, el país entrará a un camino lleno de amenazas y oportunidades. A menos que los constituyentes sean capaces de mostrar una voluntad de diálogo y negociación que hasta ahora ha estado ausente, las amenazas asociadas al proceso de redacción de una nueva constitución superarán con creces a las oportunidades que este ofrece. A su vez, el éxito del proceso dependerá en que los constituyentes comiencen a poner atención a la necesidad de construir una institucionalidad que proteja la propiedad privada y no solo se enfoquen —como han hecho hasta ahora— en discutir los derechos sociales que garantizará el Estado.

 

La historia de procesos constituyentes en América Latina no tiene muchos precedentes de éxito. En la mayoría de los países que pasaron por ellos en las últimas cuatro décadas, el resultado de largo plazo fue bastante decepcionante. En varios casos —Venezuela, Ecuador y Bolivia— la nueva constitución terminó centrándose tanto en los derechos sociales y en el rol del estado que la iniciativa privada fue ahogada por las regulaciones excesivas. La ausencia de un foco en crecimiento económico y en protección de la propiedad privada hizo que la nueva institucionalidad en esos países ahuyentara a la inversión extranjera y terminara centrando la actividad económica en el Estado. El resultado final fue que esos países dependen hoy más que nunca antes en su historia de sus exportaciones de materias primas. En la medida que el Estado puede contar con recursos económicos cuando el ciclo de exportaciones es positivo, los gobiernos pueden distribuir. Pero cuando el ciclo es negativo, los países enfrentan problemas de indisciplina fiscal y la deuda pública se sale de control.

 

En otros casos, el foco en garantizar derechos sociales terminó por hacer que la Constitución ocupara el lugar del proceso político. En Colombia y Brasil, dos países cuyos procesos constitucionales han sido considerados relativamente exitosos, la Constitución terminó siendo tan extensa y detallada que convirtió al Tribunal Constitucional, en el caso de Colombia, y al sistema judicial, en el caso de Brasil, en árbitros políticos que limitan la capacidad de los gobiernos de tomar decisiones clave para el desarrollo y, por lo tanto, la capacidad de los votantes para decidir en las elecciones periódicas y regulares en qué dirección debe avanzar el país.

 

Por supuesto que el hecho que no haya experiencias exitosas de procesos constituyentes en la historia de América Latina en las últimas décadas no significa que el caso de Chile no pueda ser la excepción. Nuestro país está en un nivel de desarrollo mayor que el que tenían todos los países de la región que atravesaron por procesos constitucionales en décadas recientes. En Chile hay menos pobreza, menos desigualdad y el país tiene una clase media mucho más grande que las que tenían Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador o Bolivia cuando tuvieron sus procesos constituyentes. La fortaleza de las instituciones en Chile también es superior que la de esos países en momentos comparables.

 

Pero precisamente porque muchos de los que abogan por una nueva constitución —y una mayoría de los que redactarán el nuevo texto que será sometido a votación popular a fines de 2022— quieren superar, remplazar o derogar el modelo económico que ha permitido a Chile estar donde está, hay buenas razones para sospechar que, en el intento por querer distribuir mejor la riqueza y las oportunidades, terminemos por ahogar a la gallina de los huevos de oro que ha permitido al país tener este nivel de desarrollo.

 

Adicionalmente, a diferencia de los casos anteriores, la convención constitucional redactará el nuevo texto en un ambiente plagado del ruido polarizador de las redes sociales. En los próximos meses, habrá pocas oportunidades para que los 155 miembros de la convención puedan deliberar calmadamente y negociar esos complejos acuerdos que serán necesarios para construir el nuevo pacto social que deberá tener el país.

 

Tanto aquellos que entusiastamente apoyaron el proceso constituyente como aquellos que, por diversos motivos, nos opusimos, sabemos que el futuro del país está en juego. Las 155 personas que deberán sentarse a redactar el nuevo texto cargan una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Es de esperar que, a partir del 4 de julio, esas personas demuestren un nivel de compromiso con el futuro de Chile, con disposición al diálogo y con las prioridades correctas que permitan construir un país con más crecimiento, oportunidades e igualdad para todos. Precisamente porque muchos de los 155 constituyentes hasta ahora no han dado el ancho, es urgente que entiendan que, para tener un contrato social exitoso en el siglo XXI, el foco esté puesto tanto en los derechos sociales como en la protección de la propiedad privada y en instituciones que promuevan la inversión y el crecimiento económico sostenido y sustentable.