El lucro y la calidad

Patricio Navia

Revista Capital #217, noviembre 15, 2007

 

El debate actual sobre el lugar del lucro en el sistema educacional chileno también debiera extenderse al lucro en todo el sector público. Los equivocados argumentos que asocian el lucro con las deficiencias de la educación son los mismos que llevan a muchos a desechar el lucro como mecanismo para reclutar buenos funcionarios públicos y, por cierto, buenos políticos.

 

En su reciente autobiografía titulada The Age of Turbulence, el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense Alan Greenspan reflexiona con claridad sobre el lucro: “lamentablemente, el concepto de derechos de propiedad sobre el capital y otros bienes sigue siendo conflictivo, especialmente en sociedades que todavía creen que el lucro es más bien inmoral. Un objetivo clave de los derechos de propiedad, después de todo, es proteger los bienes para poder usarlos con fines de lucro. Esos derechos no son sostenibles en una sociedad donde todavía prevalecen remanentes de la visión marxista de la propiedad como un robo” (p. 252).

 

En Chile, la intención del gobierno de Bachelet—ratificada por el congreso del PDC—de prohibir el lucro en la educación particular subvencionada refleja esa equivocada concepción de inmoralidad.  Los “opositores al lucro” han insistido en que no se puede lucrar en educación con recursos públicos. Pero, ¿no lucran acaso con recursos públicos los contratistas que venden insumos a ENAMI, a JUNAEB, al Ministerio de Defensa, las AFP o incluso aquellas editoriales que proveerán libros para el maletín literario?

 

El lucro debiera ser entendido como una buena herramienta para promover la mejora en la calidad de los servicios. A través del lucro se pueden introducir incentivos para mejorar la oferta de servicio, marcos regulatorios para asegurar controles de calidad y, si además sumamos la opción de varios proveedores, competencia para que los propios ciudadanos premien con sus preferencias el mejor servicio. En educación, el lucro es precisamente la herramienta que puede usar el gobierno para introducir reformas que mejoren la rendición de cuentas, la transparencia y, en definitiva, la calidad de la educación.

 

Por cierto, un área donde necesitamos mejor calidad de servicios es precisamente en el sector público y entre los políticos. A menudo escuchamos candidatos que hablan del “servicio público” como un apostolado. Esas declaraciones contrastan con los escándalos de corrupción. La semilla de la corrupción se alimenta precisamente de la equivocada percepción de que a los funcionarios públicos no los motivan los mismos incentivos que al resto de la personas.

 

Es verdad que a muchas personas no las motivan exclusivamente los ingresos. Pero mientras más se paga por un puesto, mejor la calidad de los candidatos a ese trabajo. Si existen mecanismos para identificar adecuadamente las habilidades de los distintos candidatos, los empleadores pueden estar seguros que mientras más dinero paguen, mejor la calidad de sus empleados. Eso es cierto a la hora de contratar empleados, pero también a la hora de nombrar ministros, seremis, directores de empresas públicas o al momento de escoger parlamentarios.

 

Así como el lucro puede ser utilizado para mejorar la calidad de la educación, también podemos usarlo para introducir incentivos que nos permitan reclutar profesionales de alto nivel que ayuden a mejorar la gestión en el sector público. Los sueldos del sector público deben subir. Aunque también deben introducirse mecanismos que terminen con la inamovilidad, mejoren la rendición de cuentas, la transparencia y el control de calidad. En política, si los parlamentarios se dedicaran a producir buenas leyes, fiscalizaran adecuadamente y ganaran sus puestos en elecciones competitivas de verdad (no en el duopolio concertacionista-aliancista actual), bien valdría incluso un aumento de sueldos a sus ya abultados salarios. Mientras más exigente, más competitivo y mejor remunerados los trabajos, mejores los candidatos.

 

Los recientes desmedidos—y desafortunados—ataques contra el lucro comprensiblemente desaniman a algunos empresarios. Pero la incapacidad de muchos de estos propios empresarios para entender que, al final del día, el sector público y los políticos reaccionan a los mismos incentivos que los actores del sector privado también alimenta la equivocada creencia sobre el ‘servicio público’ desinteresado y ajeno al lucro. La calidad de nuestro sector público y de nuestros políticos está inevitablemente asociada a nuestra disposición a implementar sistemas de empleo y de elección popular, y pagar sueldos, que atraigan a los mejores. El lucro, y no el ilusorio idealismo del ‘servicio público’ es lo que nos permitirá tener el aparato de Estado, y la clase política, que necesitamos para el siglo XXI.