Tres años en Haití

Patricio Navia

Revista Capital, #2002, abril 20, 2007

 

Ahora que la misión de paz en Haití ha cumplido tres años, ya es momento de tener un debate honesto y transparente sobre metas y plazos de la participación de nuestras tropas en misiones de este tipo. Porque lo más probable es que la misión de la ONU en Haití se prolongue por varios años más, conviene hacerlo antes que suba la temperatura electoral y los candidatos se cuelguen de una cuestión de estado para obtener beneficios electorales.

 

La participación de nuestras tropas en misiones de paz de la ONU debe ser conducente a los objetivos de largo plazo de nuestras relaciones exteriores. Porque Chile quiere ocupar, desde América Latina, una posición de liderazgo e influencia, nuestra participación en iniciativas de paz, gobernabilidad y, eventualmente, consolidación democrática, promoción del libre mercado y fortalecimiento del estado de derecho, deben ser diseñadas e implementadas con ese objetivo. Sin querer protagonismos excesivos, Chile debe aprovechar su buena reputación internacional para promover—sin buscar imponer—en nuestro propio continente los valores que han permitido consolidar nuestra democracia y avanzar en el desarrollo económico. Ya que somos un país relativamente exitoso, debemos asumir nuevas obligaciones regionales en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente.

 

Nuestra presencia en Haití tiene un pecado original.  A comienzos de 2004 el Presidente Lagos se apuró a enviar tropas para apoyar la remoción de un presidente democráticamente electo pero corrupto e inepto sin previa autorización del Congreso. El Congreso se apuró a ratificar la decisión sin antes exigir una discusión sobre metas y plazos. Desde entonces, cada seis meses, la ONU ha renovado el mandato de la misión de paz (MINUSTAH). A su vez, cada seis meses, el gobierno chileno ha solicitado al Congreso que renueve la autorización para la presencia nuestras tropas allá. Para todos los efectos prácticos, el Congreso se limita a ratificar las decisiones de la ONU. Pero el hecho que no hayamos discutido metas y plazos a comienzos del 2004 no significa que no debamos hacerlo nunca.  Si bien se corre el riesgo de que algunos en la Alianza intenten aprovechar el debate para enlodar al ex Presidente Lagos, la discusión sobre el involucramiento chileno en esa misión de paz debiera ser una cuestión de estado. Mejor aún, nuestra presencia en Haití nos ofrece una oportunidad para definir el lugar que queremos ocupar en América Latina y en el mundo.  

 

El mandato de la ONU a la MINUSTAH incluye la restauración y mantención del orden, la seguridad pública y el estado de derecho. El objetivo final es que crear un ambiente seguro y estable para que se pueda desarrollar el proceso social y político del gobierno de transición. Además, se busca apoyar el respeto a los derechos humanos, la generación de un ambiente de diálogo y reconciliación nacional y la promoción de principios de gobierno democrático y desarrollo institucional. Presumiblemente, mientras no se logren esos objetivos, la misión de paz se tendrá que mantener en el país.

 

Lamentablemente, los informes sobre la situación en Haití elaborados por grupos de derechos humanos, por el gobierno de Estados Unidos y por la propia ONU revelan que la situación dista mucho de ser estable. Si bien en 2006 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias en febrero (con segunda vuelta parlamentaria en abril) y contiendas municipales en diciembre, el nuevo gobierno no tiene el control del país. Sin la presencia de las fuerzas de paz, Haití volvería a caer en el caos y el desgobierno. Todavía falta mucho para comenzar a planificar la retirada de las fuerzas de paz. Cuando éste expire en octubre de 2007, la ONU probablemente renovará el mandato de la MINUSTAH por otros seis meses (o tal vez un año) más. No resulta aventurado anticipar que nuestras tropas seguirán en Haití hasta fines del gobierno de Bachelet.

 

Por eso, ya que nos debemos preparar para una prolongada permanencia en Haití—iniciativa que cuesta a la ONU 500 millones de dólares al año y que ha costado 25 bajas mortales entre las fuerzas de paz—debiéramos aprovechar la ocasión para diseñar una política clara, con metas y plazos, que regule nuestra participación en este tipo de iniciativas. Porque podemos anticipar que el mundo seguirá presentando desafíos de inestabilidad—y que América Latina no estará inmune a problemas de gobernabilidad democrática—urge tener una política de estado que guíe nuestra participación en iniciativas de paz como la que actualmente apoyamos y parcialmente financiamos en Haití.