Doble militancia parlamentaria

Patricio Navia

Revista Capital, #195, diciembre 15, 2006

 

Las obligaciones de los parlamentarios debieran incluir la dedicación exclusiva. La doble militancia en bufetes de abogado—o actividades empresariales—inevitablemente despierta dudas sobre la transparencia y las prioridades de los legisladores.

 

Durante la campaña presidencial de 2005, parlamentarios de la Concertación y de la UDI abiertamente criticaron los conflictos de interés que podían existir entre la condición de empresario de Sebastián Piñera y sus aspiraciones presidenciales. El gobierno de Lagos prometió el envío de una ley de fideicomiso ciego. Aquellos involucrados en estos potenciales conflictos de interés deberían entregar el manejo de sus intereses económicos a un trust fund que operara sin comunicarse con el interesado. El gobierno nunca convirtió esa idea en una prioridad y después del triunfo de Bachelet, todos se olvidaron de esos potenciales conflictos de interés.

 

Pero al anunciar nuevas medidas a favor de la probidad y la transparencia, la Presidente Bachelet extendió la noción de conflictos de interés a las actividades extra parlamentarias que realizan senadores y diputados. Utilizando el conocido caso de los parlamentarios que mantienen relación con sus bufetes de abogados, Bachelet reflotó el tema de la percepción de probidad y los conflictos de interés. Para avanzar en el sendero de una mayor probidad y transparencia, Bachelet propuso que la tarea legislativa sea de dedicación exclusiva.

 

Muchos parlamentarios han expresado su oposición a la propuesta—¿por qué aceptar rebajar sus ingresos sólo por mejorar la percepción de probidad?—y han planteado diferentes argumentos para justificar su dedicación part-time al Congreso (que por cierto paga sueldo full time). Incluso hay parlamentarios que alegan ejercer como abogados ad honorem en causas justas. Pero cada hora de trabajo dedicada a estudiar dichas causas son horas perdidas de labor parlamentaria. Sería inconcebible que Bachelet dedicara unas horas a la semana a ejercer como pediatra o que Andrés Velasco dedicara 5 horas de oficina a la semana, ad honorem, para asesorar a una junta de vecinos interesada en invertir mejor sus ahorros. Por cierto, los parlamentarios que gratuitamente prestan servicios a la comunidad como médicos o abogados debieran abandonar esas prácticas. Además de tener un efecto real marginal, alimentan la percepción que el trabajo legislativo consiste más en ser asistente social (de ahí las máquinas de operadores políticos dedicados a entregar servicios a la gente) que en construir nuevas y mejores leyes para el óptimo funcionamiento de la sociedad.

 

La experiencia comparada es decidora. Las democracias más establecidas, transparentes y legitimadas son aquellas donde la actividad política está claramente separada de otros ejercicios profesionales. Además de existir leyes claras que regulan el lobbying—legislación que en Chile todavía sigue siendo una promesa incumplida de la Concertación y de la Alianza—las democracias saludables tienen mecanismos que aseguran la transparencia en el ejercicio público. Muchos países exigen a sus legisladores hacer públicos no solo sus patrimonios sino también sus declaraciones anuales de ingresos. Otros hacen incompatible la tarea de legislador con otros ingresos remunerados. No pocos tienen leyes de fideicomiso ciego que obligan a los parlamentarios a entregar su patrimonio económico a una empresa especializada durante el periodo que ellos permanezcan en sus cargos.

 

Pero en Chile estamos lejos de esos ideales de probidad. Nuestros parlamentarios rgularmente ejercen y facturan por diferentes asesorías, realizan negocios (a menudo utilizando información privilegiada) y directa o indirectamente aprovechan sus investiduras para darle más importancia y acceso a las empresas a las que están asociados. Ser socio comercial de un legislador siempre abre puertas adicionales.

 

En Chile hemos avanzado en lograr consolidar una democracia y cada día derribamos obstáculos para emparejar la cancha y mejorar nuestros niveles de transparencia. Pero no podemos olvidarnos del congreso. Ya que es una de las instituciones democráticas con peor reputación y la probidad de sus miembros está siendo crecientemente cuestionada por la opinión pública, hay que introducir reglas que aseguren que la actividad parlamentaria sea de dedicación exclusiva, que haya más transparencia en el financiamiento de las campañas pero también en los ingresos de los parlamentarios, y que los fideicomiso ciegos y la regulación del lobbying se conviertan en una realidad pronto.