Plebiscito

Patricio Navia

Revista Capital, #189, septiembre 22, 2006

 

Si bien nuestra constitución no facilita la celebración de plebiscitos, un incipiente debate se beneficiaría tremendamente si los ciudadanos tuvieran más injerencia directa en los cambios al diseño institucional. Más que ningún otra reforma, la decisión sobre la elección directa de Intendentes perfectamente pudiera ser sometida a un referéndum.

 

Hace unas semanas, la Presidenta Bachelet cándidamente sugirió que la ciudadanía debiese tener la última palabra sobre el cambio al sistema electoral. Porque la Concertación siempre ha querido modificar el sistema binominal, el gobierno actual se ha empecinado en terminar con lo que muchos consideran el último vestigio del complicado aparato institucional que cuidadosamente diseñó la dictadura antes de dejar el poder. Después de negociar reformas constitucionales que terminaron con los senadores designados, redujeron la influencia del Consejo de Seguridad Nacional y fortalecieron la autoridad civil sobre los militares, el Presidente Lagos sugirió que, a su modo de ver, la transición había terminado. Aunque los laguistas más entusiastas temerariamente sugirieron que teníamos una nueva Constitución, algunos pesimistas alegaron que mientras el sistema binominal siguiera vigente, nuestra democracia seguiría coja.

 

Desde el inicio de su gobierno, Bachelet ha priorizado la reforma electoral. El entonces Ministro del Interior Andrés Zaldívar encargó al respetado Edgardo Boeninger la formación de una comisión que propusiera una reforma electoral. Si bien el Informe de esa comisión fue rechazado por diversos sectores, el debate sobre la reforma electoral se mantuvo en la agenda política. La decisión de RN de sentarse a conversar un ‘perfeccionamiento’ al sistema electoral anticipa que un cambio al binominal es posible. Aunque la declaración de Bachelet sobre el plebiscito temporalmente frenó las negociaciones, el posterior silencio de la Presidenta ha permitido que la Concertación, RN e incluso el PC se sienten a una mesa de negociación para reformar el sistema.

 

Si bien algunos temen que la reforma introduzca demasiada representatividad en desmedro de la gobernabilidad, la presencia de RN debiera ser suficiente garantía de que la gobernabilidad seguirá siendo una prioridad. En cambio si es relevante la preocupación sobre un posible contubernio de los partidos que, en aras de la representatividad, reduzcan la competencia restringiendo la capacidad de elección de los votantes. Pero en tanto no haya una propuesta concreta, la mesa de negociación debe recibir el beneficio de la duda.

 

Inteligentemente, aprovechando de tomar la iniciativa, RN ha puesto en la mesa de negociación una propuesta que busca fortalecer y legitimar los gobiernos regionales: la elección directa de los Intendentes. Los beneficios de esta propuesta son numerosos. La discusión sobre la re-elección presidencial, por ejemplo, tendría más sentido si el gobierno central pierde la capacidad actual de nombrar Intendentes. Resulta más difícil usar recursos del estado para lograr la re-elección presidencial cuando los Intendentes constituyen un efectivo contrapeso democrático. A su vez, se reducirá nuestro presidencialismo exacerbado cuando los legisladores—sabiendo que los Intendentes tendrán ventajas comparativas al distribuir recursos en las regiones—se dedican más a hacer leyes que a oficiar de visitadores sociales de sus distritos.

 

Pero así como hay intereses creados que se oponen a una reforma al sistema electoral, la elección directa de Intendentes tiene muchos enemigos naturales: desde senadores que ven en los futuros Intendentes a potenciales rivales hasta el gobierno central que correctamente teme perder influencia en las regiones. Amparados en el convincente argumento del centralismo fiscal, los opositores montarán una formidable resistencia a esta iniciativa de descentralización. Peor aún, ya que es quien más pierde, el ejecutivo parece menos interesado en la elección directa de Intendentes.

 

Por eso, dadas sus preferencias por instancias de democracia directa, Bachelet debería considerar la limitada posibilidad de plebiscitos que existe en la Constitución para permitir que sea la gente la que decida sobre la elección democrática de los Intendentes regionales. A diferencia del cambio al sistema electoral (donde las opciones alternativas son innumerables y técnicamente complejas), la elección directa de Intendentes se presta fácilmente para un plebiscito donde Bachelet pueda poner en práctica su promesa de participación ciudadana.