Chupasangres

Patricio Navia

Revista Capital, #188, septiembre 8, 2006

 

Porque el principal escollo para lograr la reforma al sistema binominal radica en que los propios afectados tienen que decidir las nuevas reglas del juego, los parlamentarios  debieran reconocer sus conflictos de intereses y mandatar a un ente independiente el diseño de la reforma al sistema electoral.

 

Entendido como persona codiciosa que abusa o se aprovecha de los demás, el término chupasangre recientemente hizo una abrupta entrada a la jerga política chilena. Porque el país experimentó demasiado dolor cuando la violencia física prosiguió a la violencia verbal de la década de los 60, muchos correctamente pidieron moderación en las declaraciones. Pero la acusación del Senador Escalona subrayó los conflictos de intereses que tienen los empleadores al discutir el costo de la mano de obra. Comprensiblemente, los empresarios buscan obtener el mayor margen posible de ganancia en sus negocios. Si bien todos quieren empleados capacitados y productivos, es imprescindible que lo hagan al menor costo posible. A su vez, los empleados quieren el mejor salario posible en base a sus habilidades, capacidades y productividad. Así como resultaría inaceptable que los empleadores fijaran las regulaciones del mercado laboral, tampoco parece adecuado que lo hagan los empleados. El estado, a través del ejecutivo y del legislativo (pero también del Tribunal Constitucional), está llamado a regular el mercado laboral.

 

Pero si bien todos entendemos los conflictos de interés que existen al discutir la legislación laboral, algunos parecen menos dispuestos a entender otros conflictos de interés con efectos potencialmente más nefastos para la sociedad. Los parlamentarios tienen la potestad de discutir cambios al sistema electoral. Pero como todos fueron electos gracias al sistema en vigencia, el binominal constituye una verdadera gallina de huevos de oro. Si bien varios están a favor de una reformar, muchos quisieran que el binominal cambiara para todos los distritos salvo el propio. A su vez, aunque muchos entienden la necesidad de automatizar—o al menos facilitar sustancialmente—la inscripción electoral, la mayoría preferiría no alterar el universo electoral de sus propios distritos. Pese a que todos saben que se viola flagrantemente el principio de “una persona, un voto,” nadie quisiera tener que obtener más votos de los que logró la última vez para resultar electo.

 

Es por eso que las recientes conversaciones y propuestas sobre reformas al binominal han involucrado esencialmente a actores que no están físicamente presentes en el parlamento. Desde Sebastián Piñera y Joaquín Lavín hasta la Comisión Boeninger, el principal elemento común denominador es que ellos no fueron electos a través del sistema binominal. Peor aún, cuando los parlamentarios han realizado propuestas, lo han hecho a favor de reformas contrarias a los saludables objetivos de la democracia.

 

La democracia supone, antes que nada, competencia. Si bien la representatividad y la gobernabilidad son esenciales, un sistema electoral no competitivo debilita también la democracia. Con el binominal, los partidos y las coaliciones—mucho más que los electores—determinan quién llegará al parlamento. Gracias a artimañas como “competencia regulada” o “distritos calados”, las dos grandes coaliciones han sabido aprovechar las distorsiones del binominal para apropiarse del poder de elección.

 

Porque cualquier reforma que mejore el binominal debiese introducir mayor competencia, los propios parlamentarios son los menos indicados para adoptarla. Así como no podemos pedir a empresarios o empleadores que regulen unilateralmente el mercado laboral, resulta inviable suponer que los parlamentarios resistirán la tentación de preocuparse más por mantener sus puestos que de tener un sistema electoral más competitivo. De ahí que resulte conveniente que, emulando a Ulises que se ató al mástil, el Congreso entregue la facultad de reformar el sistema electoral a un organismo independiente (el propio tribunal constitucional o una comisión pluralista de notables) capaz de velar por los intereses del electorado. Esta comisión podría realizar una propuesta que busque balancear gobernabilidad, representatividad, transparencia y competencia y que solo pueda ser aprobada o rechazada—no modificada—por el Congreso. Solo así evitaremos que los conflictos de interés evidente que afectan a los parlamentarios terminen por convertirlos, metafóricamente, en chupasangres más preocupados de su propio beneficio que de la consolidación democrática del país.