Elecciones empatadas

Patricio Navia

Revista Capital, #184, julio 14, 2006

 

La disputada elección presidencial mexicana del 2 de julio ha dejado lecciones importantes para todas las democracias presidencialistas. Además de subrayar la importancia de tener segunda vuelta, la reñida contienda también ha dejado en evidencia la necesidad de una institucionalidad autónoma que esté a cargo de todo el proceso electoal. Si en Chile tuviéramos una elección presidencial igualmente reñida, la credibilidad del Ministerio del Interior como institución que recopila y anuncia el conteo de votos sería comprensiblemente puesta en duda y nuestra democracia sería sometida a una innecesaria tensión.

 

Al igual que Chile, México tiene un sistema presidencial. Si bien el periodo dura seis años, las atribuciones del primer mandatario son menores a las que posee el presidente en Chile. Junto a las presidenciales del 2 de julio, los mexicanos renovaron también a sus  500 diputados y a sus 128 senadores. Como la re-elección inmediata no está permitida para ningún nivel de representantes, el próximo congreso tendrá sólo caras nuevas (aunque hay mucho de sillita musical con reciclajes de legislaturas estatales, gobiernos locales y ex parlamentarios). Comprensiblemente, resulta difícil para cualquier presidente aprovechar a cabalidad su luna de miel cuando el Congreso está recién aprendido a funcionar. La prohibición de la re-elección inmediata para los legisladores constituye un evidente error en el diseño institucional mexicano. 

 

Peor aún, porque México no tiene el requisito de mayoría absoluta para ganar la presidencia (no hay segunda vuelta), los mandatarios pueden llegar al poder con un apoyo minoritario del electorado. En 2000, Vicente Fox obtuvo un 42,5%, y su alianza de gobierno liderada por el PAN logró 221 (de 500) diputados y 51 (de 128) senadores. Fox se vio obligado a gobernar como un presidente minoritario en un congreso donde su partido tampoco tenía mayoría. No debiese sorprender que, aunque mantuvo una popularidad relativamente alta durante el periodo, Fox no logró construir un legado de reformas legislativas que permitieran a México avanzar sólida y decididamente por el sendero del crecimiento económico. Aún así, ya que fue el primer presidente mexicano en 70 años que no provenía de las filas del PRI, Fox gozó de una legitimidad democrática incuestionable.

 

La situación hoy es radicalmente diferente. Los dos principales candidatos, Andrés Manuel López Obrador del izquierdista PRD y Felipe Calderón Hinojosa del derechista PAN rápidamente reclamaron la victoria. El conteo oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) puso al segundo con una leve ventaja de 0,4% sobre el primero. Pero López Obrador anunció que impugnaría los resultados. Felizmente, el hecho que el IFE sea independiente y autónomo del gobierno le otorga una incuestionable credibilidad al conteo. Aún así, por la historia de intervencionismo electoral que caracterizó a México, las sospechas de fraude no se han dejado esperar. Pero si el IFE no tuviera la autonomía que tiene, las sospechas ya se habrían convertido en creíbles acusaciones de intervención electoral por parte del gobierno.

 

En Chile, el proceso electoral se realiza con la supervisión del débil y mal financiado Servicio Electoral (SERVEL) y los resultados son informados por el Ministerio del Interior (aunque son ratificados después por el Tribunal Calificador de Elecciones). O sea, no existe total independencia y autonomía de los organismos que regulan e informan sobre el proceso electoral. Si tuviéramos una elección tan competida como la que ocurrió en México, la credibilidad del Subsecretario del Interior anunciando una ajustada victoria del candidato oficial sería comprensiblemente puesta en duda por el candidato perdedor. Es verdad que la existencia de una segunda vuelta constituye una ventaja para Chile (es más difícil que en segunda vuelta se de una contienda tan ajustada como a veces ocurre en primera vuelta). Pero aún así las falencias de nuestro diseño institucional son evidentes. A menos que fortalezcamos al SERVEL y reasignemos la responsabilidad de controlar el proceso—incluida la información sobre los resultados—desde Interior al SERVEL, la nuestra seguirá siendo una institucionalidad democrática vulnerable.  Dada la forma en que hoy se cuentan los votos, se recopilan los resultados y se anuncian públicamente, una elección presidencial muy ajustada nos produciría tantos o más dolores de cabezas que los que ha experimentado México en estos últimos días.