A dios rogando…

Patricio Navia

Capital #178, abril 21, 2006

 

El éxito de la democracia chilena actual se debe en buena parte a la actitud responsable de nuestra clase política. Pero ahora que nos preparamos a conmemorar los 18 años de la celebración del plebiscito que puso fin a la dictadura, más que sumirnos en aires complacientes, debemos entender que para seguir teniendo éxito, nuestra democracia necesita reformas que aseguren que la clase política siga siendo responsable en el futuro. No hay mejor mecanismo para asegurar la calidad de la democracia que introduciendo incentivos de libre mercado que faciliten y promuevan la competencia entre las coaliciones y partidos políticos que existen en Chile.

 

En una América Latina donde reina la inestabilidad social y política alimentada por la exclusión y la persistente desigualdad, Chile ha constituido una feliz excepción en los últimos dieciséis años. La consolidación democrática ha avanzado de la mano del crecimiento económico. Las tímidas políticas de distribución de la riqueza se han diseñado en forma responsable para que un estado pequeño y musculoso aproveche los todavía limitados—pero eficientemente utilizados—recursos públicos. Pero los grandes acuerdos que facilitaron y pavimentaron la transición a la democracia están ya agotados. Los hombres de la transición están pasando a retiro y la promoción de consensos forjados en los secretos pasillos de la elite no son una fórmula que funcione en una sociedad que quiere cada vez más transparencia.

 

Por eso, debemos diseñar reformas a nuestras instituciones democráticas que faciliten y promuevan la construcción de consensos y a la vez fortalezcan el control de los ciudadanos sobre sus representantes. Una popular forma de inducir el consenso en América Latina durante los 60 y los 70 fueron los llamados gobiernos de unidad nacional (consoassociational democracies). Los acuerdos de elite que aseguraban la división y la alternancia de poder fueron el modelo favorito en Colombia y Venezuela por décadas. Pero la exclusión que generaba ese sistema y la inevitable formación de una clase política oligopólica y temerosa de la competencia terminaron por agotar el modelo.

 

En una sociedad que reconoce el libre mercado como la mejor herramienta para asignar recursos, las reformas políticas que se necesitan hoy debieran incluir mayores incentivos para generar competencia entre los diferentes actores, y también mecanismos anti-monopolios y anti-oligopolios. Porque a la hora de escoger a sus representantes, los ciudadanos enfrentan desafíos similares a los consumidores cuando adquieren productos y servicios, nuestras instituciones políticas tienen que incentivar la competencia. Los propios partidos debieran ser los más interesados en demostrar transparencia en la forma en que se autogobiernan. Las asimetrías de información que inevitablemente existen entre los votantes y la clase política se deberían reducir con incentivos para que sean los propios partidos los que voluntariamente entreguen información sobre si mismos—y sobre la forma como votan sus senadores y diputados—a todos los interesados. Desde los procesos de elección interna de los partidos hasta su financiamiento (y no solo en épocas de campaña), la transparencia contribuirá a mejorar el control que pueden ejercer los ciudadanos sobre los partidos políticos.

 

Mejor aún, el sistema electoral debería facilitar no sólo la gobernabilidad y la representatividad, sino también la competencia. En un mercado competitivo, una farmacia que vende un tercio de los remedios no debería por qué quedarse con la mitad de las ganancias. Lo que funciona en el mercado de los remedios, los celulares o las ventas de supermercado también debería funcionar en el más importante y trascendental mercado de los votos. Ahora que se ha iniciado la temporada de nuevas propuestas de reforma institucional, bien correspondería a aquellos que creen en el mercado insistir en la necesidad de que la democracia chilena incorpore más competencia para así mejorar la calidad de la política.

 

Como sociedad debemos estar agradecidos a nuestra clase política que ha sabido ser  responsable, promoviendo el consenso sobre las divisiones y poniendo los intereses del país sobre las preocupaciones partidistas. Pero como mientras a Dios rogamos, con el mazo damos, en la medida que aprovechemos la bonanza actual para introducir reformas que promuevan y faciliten la competencia entre las coaliciones y los partidos existentes, habremos también comprado un seguro que garantice el éxito futuro de nuestra democracia.