El binominal y la derecha

Patricio Navia

Revista Capital, #157, junio 4, 2005

 

La irrupción de Sebastián Piñera en la carrera presidencial deja en evidencia los nefastos incentivos del sistema binominal. El caos producido en la Alianza debiera ser motivo suficiente para iniciar una discusión seria sobre cuál es el mejor sistema para reemplazar el binominalismo.

 

Ya que elige dos escaños por distrito y da alguna representación a las minorías, el binominal es un sistema de representación proporcional. Pero como la segunda mayoría relativa obtiene la misma cantidad de escaños que la primera mayoría, el sistema representa un gran seguro contra la derrota. Basta con obtener un tercio de los votos para asegurar la mitad de los escaños. Un sistema así no introduce incentivos para obtener apoyo mayoritario, sino que se convierte en un seguro contra la voluntad popular. Una caída en el apoyo popular en algún distrito (al pasar de un 60% a un 35%) no significa una pérdida de escaños. Con el binominal, los partidos están asegurados contra fluctuaciones en las preferencias de los electores.

 

Pero lo que es bueno para los partidos políticos no es necesariamente bueno para los electores. Al tomar un seguro contra la voluntad popular, los partidos políticos no tienen incentivos para atender las preferencias de la gente. En tanto uno tenga un tercio de los votos, el resto de los electores no importa. Todo aquel interesado en los intereses de los electores entiende que hay razones suficientes para cambiar el sistema electoral (cambio que después de la reforma constitucional a punto de ser aprobada no necesitará modificar la constitución).

 

Los defensores del binominal subrayan que el sistema produce gobernabilidad. Al conducir a la consolidación de dos grandes bloques, el sistema evita que las coaliciones se rompan y que el país retorne a un sistema multipartidista. Pero ese argumento desconoce la ausencia de competencia en el diseño del binominal. Naturalmente, si el objetivo fuera privilegiar tanto el bipartidismo como la competencia entre partidos, bastaría con adoptar un sistema uninominal (un escaño por distrito, como en las contiendas de alcaldes y presidente). Pero además de dificultar la competencia, el binominal no es conducente a la gobernabilidad. Ya que es muy difícil que una coalición obtenga los dos escaños en un distrito, cada coalición anticipa que logrará un escaño. Eso hace que la competencia al interior de cada pacto sea brutal. Basta con derrotar al compañero de lista para llegar al parlamento. El sistema binominal dificulta la competencia entre coaliciones, pero incentiva una competencia feroz al interior de cada coalición. Cuando las coaliciones entran a guerras civiles, no hay gobernabilidad.

 

El ingreso de Piñera a la carrera presidencial, y los resultados de las primeras encuestas, que lo muestran virtualmente empatado con Lavín, profundiza más la competencia al interior de la Alianza. Ya que los aspirantes al parlamento de RN y la UDI saben que el que saque un voto más se queda con el escaño que le tocará a la Derecha en cada distrito, la verdadera competencia se dará en la Alianza y no contra la Concertación.

 

Aunque los partidos de la Concertación han logrado un balance relativamente razonable entre las aspiraciones individuales de sus partidos y la salud de la coalición, la Alianza ha tenido más problemas para alcanzar acuerdos que incentiven competencia sin producir guerras internas. La decisión de llevar dos candidatos presidenciales hará que la competencia al interior de la Alianza inevitablemente devenga en una confrontación potencialmente autodestructiva. Gane quien gane esta pelea a muerte entre la UDI y RN, la gran perdedora será la Derecha. Más que competir contra la Concertación, la UDI y RN estarán compitiendo entre ellos. Desde el enfrentamiento entre Piñera y Lavín hasta las disputas en los distritos más alejados de la capital, la riña electoral entre RN y la UDI cautivará la atención de la prensa y fortalecerá el mejor argumento electoral de la Concertación: la gobernabilidad.  

 

Ahora que el grueso de las reformas constitucionales se ha hecho realidad—incluida la decisión de trasladar el sistema electoral de la Constitución a la Ley Orgánica respectiva—es hora de que nos aboquemos a la discusión de un sistema electoral que, garantizando la gobernabilidad, promueva no solo la competencia entre partidos de una coalición, sino también introduzca competencia entre las coaliciones.