Juan Guzmán Tapia

Patricio Navia

Revista Capital, #146, diciembre 3, 2004

 

Así como avergüenza recordar la cobardía de un poder judicial que no se atrevió a defender los derechos humanos en dictadura, la activa militancia política que ha adquirido el juez Juan Guzmán Tapia debiera preocupar a aquellos que queremos un sistema judicial que aplique imparcialmente la ley y proteja los derechos de todos. Correctamente, la historia señalará que nuestra justicia fue cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Además de no investigar activamente las denuncias, la mayoría de nuestros jueces nunca intentó alzarse en defensa de los derechos de las víctimas de la represión política. Pero así como corresponde fustigar al poder judicial por su monumental falencia, también corresponde subrayar lo equivocado que resulta pretender corregir las injusticias de antaño con una actitud militantemente anti-Pinochet hoy. 

 

El cuidadoso trabajo realizado por el Juez Guzmán para clarificar el destino de cientos de detenidos desaparecidos le ha granjeado reconocimientos a nivel internacional. En el último congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) celebrada en Las Vegas, Nevada, del 7 al 9 de octubre del 2004, Guzmán habló de sus esfuerzos por lograr justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. En un panel organizado por el investigador y activista Peter Kornbluh, del National Security Archives, Guzmán habló a más de 100 académicos—incluido vuestro columnista—sobre su visión respecto a las violaciones a los derechos humanos en Chile. Además de justificar la utilización de la figura de secuestro para poder sortear las inmorales restricciones de la Ley de Amnistía de 1978, Guzmán dejó en evidencia su compromiso inequívoco con las víctimas de la represión dictatorial. Aunque comparto su visión y su simpatía hacia las víctimas de estos crímenes financiados por el estado, me preocupa que Guzmán no entienda que su obligación es mantener una postura imparcial. Lamentablemente, en tanto no oculte su preferencia por los familiares de las víctimas sobre los acusados, y mantenga una férrea amistad con muchos  que presentaron y patrocinan algunas de las querellas contra Pinochet, el metódico juez no puede dar garantías de imparcialidad. Así como agradezco no haber sido uno de los miles que infructuosamente recurrieron a la justicia para protegerse ante la persecución en dictadura, tampoco quisiera ser un acusado de violaciones a los derechos humanos y saber que mi causa la lleva Guzmán.

 

Además de dejar en claro de qué lado está su corazón, el juez Guzmán también se animó a emitir juicios políticos sobre la oposición, la Concertación y el Presidente Lagos. Aunque sabemos que los jueces tienen posiciones políticas—y muchos las expresaron claramente al ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos—no corresponde que un juez de la república declare, por ejemplo, que “el presidente Lagos tiene un doble discurso” respecto al tema de los derechos humanos.  Junto con señalar que el presidente Lagos “quiere un punto final” para el tema de los derechos humanos, Guzmán aclaró que también los “políticos tienen doble discurso” e incluso que “la Suprema responde a las presiones del ejército” al contestar preguntas sobre el futuro de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Guzmán correctamente subrayó que en Chile, “los jueces tienen colores políticos.” Naturalmente, sería ilógico suponer lo contrario. Pero así como no corresponde que un juez de derecha aplique su postura política para decidir juicios sobre violaciones a los derechos humanos, tampoco corresponde a un juez de izquierda (amigo y aliado de activistas que buscan poner a Pinochet y otros violadores de los derechos humanos tras las rejas) influenciarse por su visión política y abandonar la imparcialidad que debiera tener.

 

Los comentarios de Guzmán, realizados en un lugar público on the record representan un fiel reflejo de las falencias del viejo sistema judicial chileno que la reforma procesal penal busca corregir al separar la investigación del juicio propiamente tal. Pero en tanto los jueces no entiendan que su tarea es impartir justicia de acuerdo a las leyes y no avanzar causas políticas (por más justas y loables que sean), seguiremos siendo un país donde el imperio del derecho y la imparcialidad del sistema judicial son un ideal distante mucho más que una concreta realidad.