Delincuencia y populismo

Patricio Navia

Revista Capital #136, julio 16, 2004

 

No hay tentación más irresistible para los populistas que proponer medidas para combatir la delincuencia. A la hora de sugerir políticas públicas que respondan al temor ciudadano, los candidatos dejan ver cuán dispuestos están a priorizar su comprensible intención de seducir a los electores por sobre su obligación moral de evitar engañar a un electorado desinformado.

 

En la medida que el país se ve inmerso en un nuevo periodo electoral crece la tentación de sacar provecho electoral de las dificultades que enfrentan hoy los chilenos. Mientras algunos enfatizan el obstinado desempleo, otros subrayan la persistencia de desigualdades, deficiente sistema de salud y carencias del sistema educacional. Pero encuestas recientes permiten anticipar que uno de los temas más exitosos en el debate electoral que se viene tendrá que ver con medidas para combatir la delincuencia.

 

Debido a que ha sido tradicionalmente percibida como ventajosa para la derecha, la creciente demanda de la opinión pública por medidas para combatir la delincuencia atemoriza a la Concertación. Aunque algunos argumenten que los medios de comunicación conservadores han posicionado artificialmente la delincuencia en la agenda pública, hay evidencia de una creciente percepción de inseguridad en la población. Por eso, fustigar a la derecha por crear un clima artificial de inseguridad pudiera no ser el camino electoral más exitoso.

 

Existen enormes asimetrías de información entre el electorado y los expertos en seguridad ciudadana respecto a los verdaderos efectos de las medidas antidelincuencia. Mientras votantes razonables atemorizados por la percepción de creciente inseguridad ceden ante la tentación de pensar que la receta más exitosa es aplicar mano dura a mansalva, los que saben entienden que, para ser exitosa, cualquier medida represiva debe ir acompañada de disposiciones preventivas. Así como el mejor remedio para cualquier enfermad es evitar las condiciones en las que ésta se produce, la mejor receta para combatir la delincuencia pasa por reducir los incentivos que tienen los delincuentes potenciales para iniciar carreras delictivas.

 

La evidencia comparada de experiencias exitosas en otros países indica que se deben adoptar políticas públicas que combinen tres elementos. Primero, mayor transparencia y mejor información sobre la cantidad y el tipo de delitos que victimizan a la población. Segundo, mejores medidas de prevención de delitos, que incluyan inversión en capital social y capital humano y que eviten que los jóvenes y adolescentes inicien carreras delictivas. Tercero, castigos ejemplares que busquen tanto reducir la cantidad de delitos que se cometen como lograr que los condenados abandonen las carreras delictivas. En la medida que la Concertación realice propuestas consecuentes con estos principios, el combate a la delincuencia dejará de ser un tema que inevitablemente favorezca la derecha.

 

Sólo así, la Concertación podrá evitar que la derecha irresponsablemente se apresure a sugerir cualquier medida que responda a la percepción de inseguridad existente sin medir las consecuencias de mediano y largo plazo. Por cierto, la reciente propuesta de Joaquín Lavín de la tercera es la vencida representa un inmejorable ejemplo de populismo oportunista irresponsable. Aunque suene bien para una población ansiosa por soluciones rápidas, la propuesta no es una política pública responsable. La evidencia acumulada, después de casi una década, sobre los efectos de una medida similar adoptada en Estados Unidos durante el periodo Clinton demuestra que además de no contribuir a reducir el problema, la política de la tercera es la vencida castiga excesivamente a las personas de menos recursos. Además de los costos excesivos asociados con un aumento significativo en el número de reos, la política de la tercera es la vencida incentiva a estigmatizar a los miembros de los grupos más propensos a iniciar carreras delictivas.

 

Justificada o no, la creciente percepción de inseguridad en la población obliga a los candidatos a proponer soluciones para combatir la delincuencia. Al intentar responder a la creciente demanda por políticas públicas que logren reducir tanto la percepción de inseguridad como los actos delictivos, los candidatos debieran proponer medidas que satisfagan la demanda popular por resultados inmediatos pero que no contribuyan a crear más problemas que soluciones en el mediano y largo plazo.