¿Quién quiere ser elector?

Patricio Navia

Capital #131, mayo 8, 2004

 

Cuando se realicen los próximos comicios municipales, probablemente se bata un récord de baja participación electoral. Si las cosas andan bien, alrededor del 60% de la población en edad de votar (PEV) emitirá votos válidos. Si en cambio aumenta la abstención, los votos nulos y blancos, correremos el riesgo que menos de la mitad de los adultos marquen válidamente sus votos.

 

En las últimas municipales votaron válidamente 6,5 millones de chilenos, el 80% de los inscritos. Sumando nulos y blancos, los 7,1 millones que concurrieron a las urnas representaron sólo el 72% de los mayores de edad. Aunque el 88,9% del padrón electoral concurrió a las urnas, ese año ya había 2 millones de chilenos que no estaban inscritos (25% del total). En las parlamentarias del 2001, el número de electores se mantuvo en 7,1 millones, aunque los votos válidos bajaron a 6,1 millones. Pero como aumentó la PEV a más de 10,2 millones, los votos válidos representaron apenas el 64% de la PEV.

 

Pese al aumento sostenido de la población, el padrón electoral se ha mantenido estable en 8,1 millones de personas desde 1993. Cada año se inscribe un número de nuevos electores similar al número que fallece. Pese a que la población adulta alcanzará a 11 millones hacia fines del 2004, sólo el 74% de ellos está inscrito para votar. Aunque la fecha límite para inscribirse es fines de junio, es poco probable que el padrón aumente sustancialmente. Al contrario, seguirá encogiéndose cada año, manteniéndose fundamentalmente las personas que ya eran mayores de edad cuando se celebró el plebiscito de 1988.

 

De los 8 millones de inscritos, asistirán a votar aproximadamente 7,2 millones, ya que el resto vive lejos de la residencia donde inicialmente se inscribieron para votar o incluso ha abandonado el país. Si el número de votos válidos es similar al observado el 2000, entonces esos 6,5 millones de personas representarán un 59% de la PEV. Si el número de votos válidos disminuye, podríamos acercarnos peligrosamente a una participación de 50% de la PEV.

 

Muchos tenemos la correcta percepción que el voto no vale mucho. En las elecciones legislativas, los escaños se distribuyen por igual, casi en forma independiente a las preferencias de los electores. Con un sistema así, no tiene sentido votar. Pero el voto sí importa en las elecciones presidenciales y en los comicios municipales. Al abstenerse, los electores cualitativamente dañan la calidad de la democracia y reducen los incentivos para que los representantes democráticamente electos se preocupen de las necesidades de sus mandantes.

 

Hay varias formas de solucionar rápidamente el problema. Además de adoptar la inscripción automática—y eliminar el precepto constitucional que hace obligatoria la votación—debemos eliminar las trabas institucionales que contribuyen a mantener alejado al electorado más joven.  Si no se adopta la inscripción automática, entonces debe terminarse con el arcaico requisito de cerrar las listas de inscripción 120 días antes de la votación. Los que se inscriben por primera vez debieran poder hacerlo hasta 30 días antes de los comicios.  También se debe eliminar la restricción constitucional que prohíbe votar a las personas procesadas por delitos. Nadie debiera perder sus derechos de ciudadanos antes de recibir sentencia. De igual forma, aquellos sentenciados que hayan cumplido su condena debieran recuperar automáticamente el derecho al sufragio. Nadie debiera tener que esperar una casi imposible decisión del Senado que siempre restituye ese derecho sólo a los que tienen más influencia. Finalmente, y para lograr que la gente efectivamente sufrague en sus comunas de residencia, se debiera actualizar constantemente los registros electorales. Cada vez que alguien realiza un trámite en el registro civil, se debiera actualizar su comuna de residencia para que la gente efectivamente vote donde vive y no donde vivía al momento de inscribirse inicialmente.

 

Nuestra democracia corre el riesgo de parecerse a nuestro fútbol. Así como la gente ha dejado de ir a los estadios, los chilenos crecientemente hemos optado por abstenernos de votar. Mientras más se deslegitime nuestro sistema político, más fácil será que la clase política deje de gobernar buscando representar adecuadamente nuestros intereses. Si seguimos a este ritmo, la exclusión y la apatía pavimentarán el camino al populismo y a la captura del estado por parte de las barras bravas de la política, los intereses corporativos.