La otra prostitución infantil

Patricio Navia

Revista Capital #128, marzo 26, 2004

 

Aunque estrictamente no involucra la prestación de servicios sexuales a cambio de dinero, la utilización política que han hecho varios parlamentarios de los menores aparentemente victimizados por la llamada red de pedofilia de Spiniak demuestra que la falta de respeto por la dignidad de los menores no es privativa de los pedófilos nacionales.

 

Independientemente de la legitimidad o credibilidad de las fuentes a las que tuvo acceso la diputada Pía Guzmán, su apresurada, irresponsable y obstinada acusación sobre la participación de parlamentarios en esta red de abuso infantil estuvo más motivada por ganancias políticas que por proteger la dignidad de los menores. Es cierto que la diputada había impulsado una serie de iniciativas para la protección de menores y se había convertido en una de las principales aliadas de dicha causa en el parlamento. Pero si ese lamentable viernes de octubre a la diputada hubiera estado motivada exclusivamente por el bienestar de los menores, habría anticipado que al denunciar la participación de tres políticos, el foco de atención inevitablemente se desviaría de la necesidad de combatir la pedofilia a la urgencia por sacar partido electoral de este escándalo. No se necesitaba mucha reflexión para predecir que los medios se dedicarían diligentemente a la búsqueda de los nombres de los parlamentarios supuestamente involucrados, olvidándose de los menores victimizados que habían sido, hasta el momento, el principal objeto de preocupación.

 

Pero Guzmán no fue la única que participó en el único complot espontáneo y descoordinado que pudo haber existido, el olvido de los menores victimizados. Pese a inicialmente declarar su preocupación por los menores abusados y su voluntad de defenderlos, la UDI rápidamente demostró que su único interés era articular una defensa corporativa del gremialismo. Después de desacreditar los testimonios de menores que involucraban a parlamentarios gremialistas, la UDI ha decidido ahora ensalzar testimonios más favorables de otros menores e incluso ha defendido la supuesta credibilidad de cambios de opinión de menores que anteriormente implicaban a legisladores gremialistas. Tan poca preocupación por las formas ha demostrado el gremialismo que el propio senador Chadwick es socio de la oficina donde trabaja abogado que defiende a Claudio Spiniak. La UDI también ha utilizado a los menores para tomarse la justicia en sus manos en el caso Pía Guzmán. El poco respeto demostrado  frente a la autonomía del poder judicial deja en evidencia la falta de compromiso de la UDI con la separación de poderes, fortaleza de toda democracia consolidada.

 

Por su parte, la acción de varios diputados PPD dejó en evidencia que más que defender la integridad y bienestar de los menores, algunos sólo buscaron debilitar aún más la ya golpeada credibilidad del gremialismo. Dejando en evidencia tanto cuestionables principios éticos como incomprensible torpeza mediática, varios legisladores PPD no trepidaron en utilizar a varios menores como carne de cañón para atacar a la UDI. Entre el abuso sexual de menores y el abuso de menores con fines electorales la diferencia es legal, no ética.

 

Frente a la trifulca vergonzante del escándalo de pedofilia, muchos políticos mesurados comprensiblemente evitaron involucrarse en lo realmente importante: la defensa de los menores vulnerables. Pero ahora que las investigaciones judiciales están comenzando a producir resultados y poco a poco se comienza a separar el trigo de la paja, hay que volver a poner el acento en la lamentable y dolorosa situación de abandono y olvido en la que se encuentran miles de niñas y niños chilenos. Aun es tiempo de construir una eficiente y amplia red de protección social y económica para nuestros menores desamparados.

 

Forzados a ganarse unos pesos como trágicos juglares de nuestra moderna cotidianeidad o a vender su cuerpos—o sus declaraciones ante la opinión pública, los medios, o tal vez incluso el propio sistema judicial—los niños abandonados parecieran tener que aprender una lamentable y aciaga lección. El escándalo producido por las acusaciones de la diputada Guzmán ha demostrado que el abuso infantil no se limita a la prostitución y la pedofilia. Incluso en aras de la consecución de la justicia y la búsqueda de la verdad, los menores pueden ser utilizados como un objeto indigno más, carente de los derechos y protección que les debemos a ellos todos nosotros como sociedad.