Juez gay, probo y transparente

Patricio Navia

Capital #125, enero 30, 2004

 

Ahora que el caso Spiniak ha sido reemplazado por la ofensiva boliviana para lograr una salida al mar, corremos el riesgo de no olvidar las lecciones de uno de los casos policial-judicial-político más traumáticos en años recientes. Una de ellas guarda relación con la incompatibilidad que pudiera existir entre la orientación sexual de un funcionario público y su capacidad para desempeñar adecuadamente su función.

 

En un año cuando la sociedad se acostumbró a ver personajes gay en la televisión y una cantidad considerable de personalidades hizo pública su homosexualidad, no debieran subestimarse las implicaciones negativas que pudiera tener el llamado Caso Calvo en la creciente tolerancia y aceptación que existe hacia los homosexuales en nuestra sociedad. Además de los niños abusados, los homosexuales son los otros perdedores potenciales en este escándalo cuyas ramificaciones políticas y éticas reemplazaron a las originales implicaciones policiales.

 

A medida que pasaban los días después de descubierta la red de pedofilia, la preocupación original por los niños victimizados se desvió primero hacía los políticos acusados de estar involucrados y luego hacia la investigación televisiva que desenmascaró la doble vida del juez que conducía la investigación. Aunque ya se aprobó una ley que aumenta las penas para los pedófilos, el escándalo producido primero por las acusaciones de la diputada Pía Guzmán y después por las revelaciones hechas por Chilevisión, amplió el espectro de áreas  afectadas por el escándalo de la pedofilia. Por eso, las lecciones de este affaire van desde la necesidad de proteger mejor a los menores hasta asuntos de responsabilidad política y libertad de prensa. Pero tal vez el debate más complejo que este affaire generó es sobre los criterios a utilizar para evaluar el desempeño de un juez.

 

La revelación sobre las visitas a un sauna gay realizadas por el juez Daniel Calvo provocaron un escándalo que puso tras las rejas, brevemente, a uno de los periodistas de mayor credibilidad del país. Después que se hiciera pública la revelación, la rapidez con que diversos políticos se animaron a tomar posiciones sobre la idoneidad del juez para seguir a cargo del caso dejó en evidencia la multiplicidad de argumentos que podían ser utilizados para justificar posturas antagónicas. Comprensiblemente, la decisión de suspender al juez por cuatro meses y la reciente decisión de no removerlo de la Corte de Apelaciones no han puesto fin al debate. Desde miembros de la Corte Suprema que han expresado su rechazo a la existencia de jueces homosexuales hasta expertos que analizan los motivos por los que un padre de familia visita saunas gays, este escándalo ha permitido diversos sinceramientos.  Aquellos que favorecen la remoción de Calvo incluyen desde defensores de la probidad y la transparencia hasta aquellos que igualan la homosexualidad con inmoralidad.  Por su parte, entre los que defienden al juez destacan desde activistas de los derechos de los homosexuales hasta enemigos de la transparencia y la probidad. 

 

Incluso en un país donde la sexualidad poco a poco deja de ser tabú, reconocer las visitas de un juez a una sauna gay equivale a abrir una especialmente peligrosa caja de pandora. En circunstancias normales, ese debería ser un asunto que incumbe sólo al juez y su esposa. Pero la inevitable tentación de juzgarlo por sus conductas sexuales más que por posibles faltas a la probidad y transparencia logró que muchos vieran al juez como una víctima de una sociedad intolerante.  Por cierto, es repudiable la actitud de jueces que optaron por argumentar contra la homosexualidad en vez de utilizar criterios legítimos para evaluar el desempeño de un funcionario público: la transparencia y la probidad. Esa actitud discriminatoria llevó a muchos a confundir los verdaderos motivos que levantaban sospecha sobre el desempeño del juez. No es su orientación sexual, sino la forma en que sus actos podían interferir con su trabajo y hacerlo vulnerable a faltas éticas lo que ameritaba un cuidadoso escrutinio de la judicatura.

 

Un país tolerante, democrático y pluralista debiera estar abierto a tener jueces homosexuales. La obligación de no discriminar contra la orientación sexual de las personas debiera también alcanzar a la judicatura. El nuestro será un país mucho mejor cuando a los jueces no sean evaluados por su orientación sexual, sino por su probidad y transparencia.