Federalismo fiscal universitario

Patricio Navia

Revista Capital, #110, 20 de junio de 2003

 

Cualquier ciudadano medianamente informado rápidamente señalará el desordenado federalismo fiscal como una de las variables que mejor explican la crisis económica y política Argentina de los últimos años. La incapacidad del gobierno central en Buenos Aires para restringir el gasto en las provincias hizo que los esfuerzos por reducir el déficit fiscal y controlar el endeudamiento público fueran inútiles. Por más que la Casa Rosada restringiera el gasto, las provincias se seguían endeudando y el país entero entró en crisis. 

 

En Chile nos enorgullecemos de tener una disciplina fiscal férrea. Desde el presidente hasta el más belicoso de los líderes de oposición celebran el diseño institucional que permite que el gasto público sea controlado implacablemente por el Ministerio de Hacienda y la, cada día más poderosa, Dirección de Presupuesto. Sean los nombramientos de consejeros del Banco Central o los debates sobre el presupuesto de la nación, los temas de política económica son tratados de la manera más responsable y seria por los organismos de gobierno, legisladores y partidos políticos. Pareciera ser que el acuerdo tácito de la clase política nacional es que con el manejo macroeconómico no se juega. Pero aunque los chilenos nos sintamos a un universo de distancia de la crisis transandina, hay un aspecto de nuestro gasto público que se asemeja al complejo acuerdo de federalismo fiscal argentino.

 

En Chile, las universidades del consejo de rectores tienen atribuciones para incurrir en gasto público similares a las de los gobernadores provinciales argentinos. Las universidades fijan los aranceles anuales para sus alumnos. Ellas también establecen los cupos adicionales que cada año ofrecerán en las mismas o nuevas carreras que imparten. Ya que el gobierno se comprometió a otorgar financiamiento a cada alumno que tuviera puntaje para entrar a las carreras de las universidades públicas, los alumnos, federaciones de estudiantes y autoridades universitarias exigen al gobierno cumplir su palabra y entregar recursos adicionales cada año. Más alumnos, más carreras y aranceles más altos necesariamente implican más recursos del estado. Cuando el gobierno se comprometió a financiar a todos aquellos que califiquen, la autoridad renunció a controlar el gasto y entregó esa autoridad a cada universidad del consejo de rectores.

 

La analogía pudiera ser exagerada. La capacidad de las provincias argentinas de incurrir en gastos es ampliamente superior a la discreta capacidad de las universidades estatales para presionar al gobierno a entregar más recursos. Pero el principio es el mismo. El tamaño del aporte estatal a las universidades, si el gobierno pretende mantener la promesa presidencial que ningún alumno con suficientes méritos se quedaría sin estudiar por falta de dinero, será determinado por las universidades, no por el gobierno nacional. Es cierto que el gobierno no ha cedido ante todas las presiones, pero las herramientas de persuasión de los estudiantes que presionan con protestas y movilizaciones, y con la venia de muchos rectores, son extremadamente convincentes y poderosas.

 

La reciente irrupción de un grupo de jóvenes—no todos universitarios—al Centro de Estudios Públicos (CEP) donde lograron interrumpir un cóctel de empresarios, investigadores y autoridades de gobierno organizado para celebrar avances legislativos ha vuelto a poner el tema de la educación superior en el tapete de la discusión de la opinión pública nacional. Desde universidades privadas que ya no ocultan su naturaleza de for profit, contraviniendo la legislación existente para entidades superiores, hasta universidades públicas literalmente en quiebra, la educación superior, que se lleva una tajada relativamente grande del presupuesto total de educación, exhibe grandes problemas y deficiencias. Ahora que llevaron su problema más allá de La Moneda hasta el CEP, la cuna del empresariado desinteresadamente comprometido con el bien público nacional, los descontentos líderes universitarios tal vez hayan logrado que la reforma al financiamiento de la educación superior se convierta en prioridad nacional. O tal vez el evento sólo sea una anécdota vergonzosa de la política nacional y nuestro federalismo fiscal universitario siga representando un excelente ejemplo de mal diseño institucional y de políticas públicas bien intencionadas que más que solucionar problemas, contribuyen a empeorarlos.