El período presidencial

Patricio Navia

Capital #104, marzo 28, 2003

 

A menudo, lo urgente nos obliga a dejar de lado lo importante. Los escándalos de corrupción que han golpeado al país en meses recientes, junto a la preocupación que existe en el país por el conflicto bélico en Irak nos hicieron olvidar algunos temas que meses atrás copaban la agenda política.

 

La reforma a la salud, por ejemplo, definitivamente perdió el interés de los medios de comunicación. Incluso el gobierno abandonó los esfuerzos por mantener el Plan Auge en el debate público. No es que ya no haya interés en La Moneda. Pero después de los escándalos de las coimas, hacer una campaña de puerta a puerta sería fatal para el ánimo de los miembros del gabinete. Es cierto que el lento avance de las iniciativas legislativas en el parlamento igual habría contribuido a que la opinión pública dirigiera su atención a otros temas. Pero tampoco es aventurado suponer que los escándalos de corrupción terminaron por hacer mucho mas daño a las posibilidades de la reforma a la salud que la oposición de la derecha, el poco entusiasmo de un sector de la democracia cristiana o el militante rechazo a diferentes elementos de las propuestas presidenciales por parte de médicos, ISAPRES y sindicatos de trabajadores de salud.

 

Otra prioridad que cayó en el olvido cuando los despachos de prensa sobre la actualidad política se trasladaron del Congreso a los tribunales de justicia fue el paquete de reformas constitucionales que venía siendo negociado intensamente en el Senado. El presidente Lagos correctamente ha señalado en múltiples ocasiones que el país necesita una constitución que nos represente a todos. Nuestra carta magna es conocida en el mundo por su legado autoritario y por el temor que sus creadores tenían a la voluntad popular.

 

De ahí que la iniciativa para realizar una reforma que actualice la Constitución de 1980 a nuestra realidad democrática del siglo XXI haya generado tan poco rechazo en el parlamento. De todos los temas incluidos en la reforma constitucional, sólo unos pocos asuntos no lograron consenso en la comisión respectiva del senado. La obstinación de la derecha por institucionalizar el oligopolio político del sistema electoral  (“nombras uno tú, nombro uno yo y los electores solo ratifican nuestra decisión”), las discrepancias sobre el mecanismo para que el presidente solicite la renuncia a los comandantes en jefe o las diferentes alternativas para determinar la composición del tribunal constitucional y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, son notables excepciones en un proceso de reforma constitucional que tiene muchos más consensos que discrepancias.

 

Por eso el gobierno y los legisladores deberían avanzar lo más rápido posible en convertir dichos consensos en reformas constitucionales de verdad. De lo contrario, a medida que vaya pasando el tiempo, algunos de estos consensos comenzarán a desvanecerse. Un ejemplo claro de un consenso que ya empieza a perder adherentes es el cambio del periodo presidencial. Además de acortar el periodo de seis a cuatro años (una idea que se hizo atractiva después de vivir los dos últimos años de Frei y que probablemente se haga más interesante después que vivamos los dos últimos años de Lagos), la reforma permitiría elecciones legislativas y presidenciales concurrentes.

 

La evidencia teórica y empírica sobre la conveniencia de periodos presidenciales más cortos, menos elecciones y comicios parlamentarios y presidenciales concurrentes es avasalladora. No conozco ningún estudio académico serio que abogue por alargar los periodos presidenciales a más de 4 años o que promueva separar las elecciones presidenciales de las parlamentarias. No sorprende que en el proceso de reforma constitucional, los legisladores chilenos rápidamente concordaran reducir el periodo presidencial a 4 años sin reelección para hacerlas concurrentes con las elecciones parlamentarias. El riesgo de no aprobar pronto el paquete consensuado de reforma constitucional es enorme. A medida que pasen los meses, los intereses de corto plazo de los partidos que crean tener más posibilidades de ganar las presidenciales del 2005 harán que muchos parlamentarios empiecen a buscar argumentos ad hoc para no reducir el periodo presidencial a 4 años, imposibilitando así elecciones parlamentarias y presidenciales concurrentes y obligándonos a tener que volver a vivir los difíciles y agotadores dos últimos años de los sexenios presidenciales.