Una persona, muchos votos

Patricio Navia

Revista Capital, #100, enero 2003

 

La discusión actual sobre el financiamiento de la política ha demostrado lo difícil que resulta concordar tanto en las obligaciones y los derechos de las personas como en las formas más efectivas de fortalecer las instituciones y consolidar la democracia.

 

En el gobierno insisten en limitar los gastos de campañas. Con una posición voluntarista, no entienden que la mala práctica de los resquicios legales aparecerá apenas se establezcan dichos límites y harán que el financiamiento de la política siga siendo un hoyo negro. Los límites al gasto se verán muy bien en el papel, pero serán imposibles de fiscalizar. Así como las constituciones de los países comunistas ilusoriamente garantizaban hasta el derecho a la felicidad, los límites a los gastos de campaña no se harán realidad sólo por aparecer así sancionados en el Diario Oficial.

 

También desde la oposición se articulan argumentos intelectualmente pobres y populistas: "Pedir la transparencia total de las donaciones privadas es tan antidemocrático como  proponer terminar con el secreto del voto."  La desafortunada frase es de Salvador Valdés Prieto, economista del Centro de Estudios Públicos y coordinador de la Comisión de Reforma del Estado de dicho organismo que produjo el documento "Proposiciones sobre el financiamiento de la actividad política" el año 2000. El documento recoge la misma posición al señalar que "Se reconoce al que dona, sin perjuicio de lo anterior, el derecho a mantener en reserva su aporte. Esto en consonancia con el derecho que establece el secreto del voto, norma establecida para evitar la extorsión y las represalias." Mal entendiendo las razones del voto secreto, ese argumento también sirve para defender la presencia de encapuchados anónimos en las manifestaciones políticas. Llevando las cosas al extremo, los interesados deberían ir a buscar sus pasamontañas directamente al Centro de Estudios Públicos.

 

La ley garantiza a las personas igualdad de derechos a la hora de votar. Una persona, un voto. Pero la ley no tiene por qué garantizar el anonimato de aquellos que quieren hacer más que ejercer el derecho al voto. Los que salen a apoyar alguna campaña en un rally, los que hacen puerta a puerta o los que contribuyen con su dinero, además de ejercer el derecho a votar, están involucrándose militante y activamente. Esconderse en el anonimato es igualmente dañino si lo hace el que firma el cheque o el que llega con pasamontañas a la manifestación política.

 

La democracia chilena enfrenta desafíos complejos. Pero no estamos solos en el mundo. Las democracias consolidadas han aprendido que la mejor forma de abordar el difícil desafío particularmente de la relación del dinero con la política es la transparencia.  En un mundo donde los costos de posicionar ideas y candidatos van en constante aumento, donde el principio de "una persona, un voto" es continuamente amenazado por la capacidad de algunos de lograr hacerse oír y la falta de oportunidades de otros para poder compartir sus ideas y propuestas, transparentar los orígenes del financiamiento se convierte en un desafío equivalente al que a comienzos del siglo XX representó la necesidad de garantizar el secreto del voto.

 

El CEP ha hecho un esfuerzo serio para acumular información y conocimiento sobre cómo se aborda empírica y teóricamente el financiamiento de la política en el mundo. Pero a la hora de las recomendaciones, ese centro de estudios cae víctima del mismo problema que amenaza a nuestras instituciones democráticas, la falta de transparencia. Aunque ha subrayado valientemente las relaciones carnales entre el estado y el financiamiento de la Concertación, el CEP no ha sido igualmente valiente en transparentar su propio financiamiento y en disipar las dudas que comprensiblemente emergen entre observadores independientes respecto a los motivos que lo llevan a preocuparse del financiamiento de la política.

 

Milton Friedman, el gran economista neoliberal, nos enseñó que there is no such thing as a free lunch. La legislación sobre el financiamiento de la política debiera partir por reconocer esa simple pero poderosa intuición. Siguiendo la analogía, más que establecer precios máximos, la legislación debiera simplemente asegurarse que los menús electorales indiquen clara e inequívocamente los precios de cada una de las campañas de modo que los electores libre y soberanamente escojan de acuerdo a sus preferencias.