Term Limits

Patricio Navia

Capital, noviembre 16, 2001

 

En Chile, se han comenzado a oír voces llamando a adoptar term-limits. Según sus defensores, un periodo en el Senado y tres en la Cámara pareciera ser tiempo prudente para hacer carrera legislativa. Esta propuesta permitiría la renovación parcial (50%) del Senado y de no menos del 33% de la Cámara cada cuatro años. Entre los defensores de esta propuesta se cuentan parlamentarios, líderes de opinión y no pocos razonables electores que quieren mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Pero contrario a lo que pudiera parecer, los 'term limits' solo generan efectos nocivos y no solucionan los problemas que los defensores de esta iniciativa buscan corregir.

 

Una campaña similar en Estados Unidos logró que varios estados impusieran ‘term-limits’ a los políticos locales y miembros de parlamentos estatales a comienzos de los 90. Una década después, varios estados han descubierto que limitar las carreras de sus parlamentarios y alcaldes no era una idea tan buena. Al limitar las carreras parlamentarias, las legislaturas pierden actores experimentados, eso atenta contra la profesionalización de los puestos de elección popular. Los novatos toman meses en aprender sus tareas y años en especializarse en diversas áreas. Los políticos salientes se convierten en lobbyistas de las empresas que antes regulaban y, debido a su influencia y conocimiento, se transforman en influyentes defensores de intereses particulares ante los nuevos e inexpertos legisladores.  Lo que es peor, muchos políticos, sabiéndose imposibilitados de buscar un nuevo periodo, dedican sus últimos años en las legislaturas a buscar sus siguientes empleos. En vez de defender los intereses de los votantes, los legisladores defienden a las empresas que serán sus futuras fuentes de ingreso. Cuando no hay incentivos para defender a los  electores (y no hay mejor incentivo que la amenaza de una elección) los únicos que pierden son los votantes.  La restricción del período presidencial es diferente ya que los presidentes a menudo gobiernan para la historia. Pero los diputados y senadores aunque quisieran no pueden (son muchos y la historia es por definición minimalista.)

 

Pero tal vez el peor efecto de los 'term limits' es sobre aquellos que consideran carreras en el servicio público. Si los ingenieros sólo pudieran ejercer su profesión por diez años, o los empresarios se vieran obligados a vender sus negocios cada doce años, muchos estudiantes y emprendedores capaces preferían no invertir en prepararse para ser ingenieros o en construir empresas rentables. Al limitar las carreras profesionales de los parlamentarios sólo logramos desincentivar a hombres y mujeres valiosos que quieren dedicar sus vidas al servicio público. Como los apitutados de siempre lograrán saltar de diputaciones a alcaldías, la calidad de los políticos disminuirá porque los buenos no querrán hacer carrera legislativa. Eso tiene consecuencias nefastas para todo el país.

 

En el caso de Chile, el efecto de una medida de 'term-limits' sería casi nulo en la Cámara. En 1993, 88 diputados buscaron la re-elección (73%). En 1997 el número disminuyó a 84 (70%). De esos, 71 (80,6%) lograron la re-elección en 1993 y 72 (85,6%) en 1997. Para las elecciones del 2001, 93 diputados (77,5%) en ejercicio se presentan a re-elección, 4 se cambiaron de distrito y 12 compiten por un escaño senatorial. Solamente 11 de los 120 diputados (9,1%) se retiran. Suponiendo una tasa de re-elección similar a la de 1997, en marzo del 2002 deberíamos ver unas 40 nuevas caras en la Cámara. Al igual que en 1993 y en 1997, en la Cámara habrá un 1/3 de diputados novatos, la misma cantidad que se lograría en promedio de aprobarse los 'term limits'. Los estadounidenses dicen que si algo no está malo, no hay que mandarlo a arreglar. Pero limitar el periodo de los senadores tendría efectos mucho más drásticos. De los 18 senadores electos en 1993, 11 se presentan a la re-elección en diciembre. De existir term-limits, ninguno de ellos podría hacerlo. La ausencia de algunos pasaría desapercibida, pero la de otros sólo lograría disminuir la calidad de las leyes producidas por el Congreso.

 

Hay otros mecanismos para lograr mejor rendición de cuentas por parte de los senadores y diputados electos a sus votantes. Por ejemplo, una ley que garantice la transparencia en los gastos de campaña y la elección de un parlamentario por distrito evitarían que éstos  hagan carrera defendiendo los intereses de sólo algunos electores (se precisa un 33,4 para asegurarse un escaño) y ayudarían mucho más a mejorar la rendición de cuentas contribuyendo así al buen funcionamiento de las instituciones.