Políticos profesionales, legisladores aficionados

Patricio Navia

Capital, noviembre 2, 2001

 

Los investigadores Mark Jones, Sebastián Saiegh, Pablo Spiller y Mariano Tommasi han definido a los parlamentarios argentinos como políticos profesionales y legisladores aficionados. La carrera de muchos parlamentarios trasandinos depende más de saber cuidar los intereses de los caciques provinciales que de servir adecuadamente a sus electores. Cuando un parlamentario le debe su escaño (y la posibilidad de re-elección) al gobernador provincial, hay pocos incentivos para servir los intereses de los habitantes de su distrito.

 

Peter Siavelis ha definido a Chile como un país con un presidencialismo fuerte y presidentes moderados. El legislativo tiene muy poco poder comparado con el ejecutivo. La constitución parece consagrar el concepto que los políticos chilenos tienen que ser legisladores aficionados. Para hacer que las instituciones funcionen como corresponde no hay necesidad de comenzar a pedir reformas constitucionales. Hay medidas menos pomposas que pueden fortalecer al poder del estado que, en teoría, es el encargado de hacer las leyes. De partida, está lo del traslado a Santiago. El mantener el Congreso en Valparaíso más allá de los costos económicos, tiene costos de eficiencia. La calidad de las leyes mejoraría sustancialmente si el parlamento estuviera en Santiago, porque los ministros, parlamentarios y expertos viven en la capital. Tener al Congreso en Valparaíso equivale a tener a la Escuela Naval en Los Andes. La regionalización se logra con la elección directa de los intendentes, no con un elefante amarillo que se alza desconcertado en una ciudad que no lo quiere ni se beneficia con su presencia.

 

Pero no basta con acortar el tiempo de viaje de los parlamentarios, hay que proveerles las herramientas necesarias para que puedan participar eficientemente en la formación de las leyes. Sugiero, para comenzar, la creación de un Departamento de Estudios del Congreso—así como el del Banco Central—diseñado para proveer conocimiento especializado a los legisladores antes de que voten las leyes. Los recursos que hoy reciben los parlamentarios para contratar asesorías son utilizados fundamentalmente para pagar sueldos de asesores en los distritos. ¡Y era que no! Los legisladores no tienen incentivos para invertir en adquirir conocimiento sobre proyectos de ley.  Los parlamentarios oficiales son fustigados duramente si no votan con el gobierno mientras que los de oposición saben que les conviene rechazar todo lo que llegue de La Moneda. Más que legislar, el poder legislativo a menudo funciona como un mecanismo de veto.

 

Los recursos para producir buenas leyes están en el ejecutivo. Los dineros para pagar estudios, asesorías, los equipos de tecnócratas y expertos legales están en los ministerios, no en el parlamento. El legislativo no puede financiar la producción del conocimiento necesario que le permita asumir un papel efectivo y constructivo en la formación de la ley. Los únicos que alzan la voz son los que han adquirido el conocimiento por que llevan varios periodos, porque trabajaron en diferentes dependencias del ejecutivo o porque adquirieron especialización antes de llegar al parlamento. Entre el resto de los parlamentarios, el conocimiento sobre ciertas materias de ley es casi nulo. ¿Cuántos parlamentarios, por ejemplo, leen cuidadosamente la partida anual de presupuesto antes de votarla? Insisto, no es culpa de ellos. Un parlamentario ganará la re-elección si le conocen en su distrito, no si se convierte en un legislador profesional. Por eso los recursos a su disposición serán utilizados para llegar a sus votantes, no para contratar asesores que le ayuden a entender los proyectos de ley. De ahí la necesidad de diseñar un sistema que permita adquirir ese conocimiento pero que no les otorgue discrecionalidad en el uso de dichos recursos.

 

La oficina de estudios debería ser a-partidista y los cargos deberían llenarse por concurso para evitar la tentación que inevitablemente tendrán los honorables de contratar familiares o amigos. La misión de este Departamento de Estudios sería proveer de conocimiento técnico a los parlamentarios de todas las bancadas respecto a las propuestas de ley del ejecutivo para así establecer un contrapeso a la ventaja abrumadora de conocimiento que posee el ejecutivo. El objetivo es ayudar a los políticos profesionales chilenos a que se conviertan también en legisladores profesionales. En última instancia, lo que se buscaría es lograr que las instituciones hagan el trabajo que constitucionalmente les compete, o sea que las instituciones funcionen.