Campañas eternas, por ley

Patricio Navia

Capital, 20 de julio, 2001

 

Aunque todos concuerdan en lo dañino que resultan los procesos eleccionarios tan largos,  sorprende que no se adopten medidas simples que ayuden a solucionar el problema. Para comenzar, se debiera acortar el periodo presidencial para poder celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en forma conjunta. Pero hay otras medidas igualmente simples y efectivas.

 

La ley establece que las candidaturas deben inscribirse con 150 días de anticipación para parlamentarios y 120 días para las elecciones presidenciales. No hay ninguna explicación razonable que justifique un paréntesis tan extenso entre inscripción y elección. Los efectos nocivos son obvios: los partidos se ven obligados a iniciar negociaciones con excesiva antelación. La celebración de primarias alarga aún más el proceso, por lo que las campañas se inician casi un año antes de las elecciones. Las negociaciones entre partidos políticos en busca de coaliciones que permitan subvertir las barreras de la ley electoral generan un ambiente electoralista que a menudo los propios candidatos resienten. A nadie le conviene iniciar las campañas con tanta antelación. Los parlamentarios se ven obligados a dejar de atender sus obligaciones legislativas y sus contrincantes a comenzar a gastar sus fondos desde muy temprano para lograr el posicionamiento que les permita asegurar la nominación de sus partidos y la confirmación de sus postulaciones por parte de sus coaliciones respectivas.

 

La ley también establece que los nuevos electores deben registrarse con al menos 120 días de anticipación. Aunque en el pasado era necesario cerrar los padrones con anticipación para depurar las listas y así minimizar la posibilidad del cohecho, los avances tecnológicos recientes—y los no tan recientes—permiten que el proceso de depuración y control se realice con mucha más rapidez. Las distorsiones del sistema ha llevado, en años recientes, particularmente en distritos o comunas pequeñas, a algunos candidatos ha intentar ‘importar’ electores afines a sus distritos para mejorar así sus posibilidades de elección. Acarreo, pero legal. Aunque nadie ha demostrado que esta práctica hay sido exitosa, la idea no carece de lógica. Es más, incluso los electores podrían utilizar la opción de escoger en qué distrito votar independientemente de su lugar de residencia. Tendría sentido, por ejemplo, que concertacionistas de Las Condes cambiaran su inscripción a San Miguel, Conchalí o algún otro distrito donde tengan mejores posibilidades de doblar. A su vez, electores derechistas en Coronel o Talca bien pudieran cambiarse a distritos donde la Concertación dobló por muy poco para utilizar mejor su voto. En este contexto, las restricciones de la ley electoral crean un mercado donde los electores pueden transar además de sus votos, los distritos donde emitirlos.

 

Entre las medidas simples para acortar las campañas y simplificar los procesos están estipular el plazo máximo para inscribir candidaturas en 60 días (eliminando así los incentivos para que se negocien las plantillas electorales tan anticipadamente) y establecer en 30 días la fecha límite para la inscripción de nuevos votantes y para el cambio de residencia de los ya inscritos (adicionalmente se debiera permitir que los electores se inscriban o actualicen sus inscripciones cuando obtengan carné de identidad, licencia de conducir o pasaporte).

 

Aunque mucho se ha hablado de la apatía de los jóvenes y del desinterés de los chilenos por la política, la participación electoral hoy sigue siendo mayor a la existente antes de 1973. Por cierto, ya que es natural que vote más gente en elecciones presidenciales que en parlamentarias, deberíamos esperar una caída en el número de votantes en diciembre respecto a los que sufragaron en 1999. Así y todo, los mecanismos institucionales existentes deberían facilitar, no entorpecer, la participación electoral. Al obligar a los nuevos votantes y a los candidatos a inscribirse con tanta antelación, el estado no se pone al servicio de la gente sino que dificulta la participación y artificialmente obliga a que partidos, candidatos y los propios electores tengan que pensar en las elecciones desde mucho antes de lo que parece ser saludable.