La píldora del día después

Patricio Navia

Capital, 29 de junio de 2001

 

A nadie le gusta hablar directamente del aborto, es un tema complicado. Determinar cuándo comienza la vida humana y cuándo un embrión, o feto, debe ser considerado persona, con derechos individuales e identidad independiente de la madre, es un asunto que divide a científicos y filósofos, pero divide aún más a la opinión pública. En Estados Unidos, las dos posiciones antagónicas se autodenominan pro-opción y pro-vida. Mientras los primeros enfatizan el derecho de la mujer a elegir qué hacer con su cuerpo, los segundos se concentran en los derechos de los ‘bebés no nacidos.’

 

En Chile la discusión no llega tan lejos. Aunque los hay, ningún político se atreve a declarar en público una posición pro-opción. Cuando alguna figura pública se identifica como pro-opción, se convierte en blanco favorito para diversas descalificaciones. Pocos ardientes liberales se atreven a sugerir que la mujer puede tener derecho a decidir sobre embarazos no deseados. De ese tema simplemente no se habla. Pero eso no significa que en el país no ocurran abortos. Se estima en 50 mil el número de abortos que se realizan anualmente en Chile. Pero en un país legalista como el nuestro, proscribir la práctica pareciera ser más importante que reducir el número de abortos ilegales.

 

Los abortos deben ser entendidos más como resultado que como causa del problema. Mientras menos embarazos no deseados existan, menos posibilidades de que ocurran abortos. Esto es cierto en países donde el aborto es legal y también en aquellos donde la legislación privilegia la vida del feto por sobre la de la madre.

 

Las leyes de la economía son inefables. En tanto sigan existiendo embarazos no deseados, existirá una oferta (legal o ilegal) que satisfaga la demanda para ponerles fin. Predicar contra el aborto y defender la ilegalidad de la práctica no elimina un mercado al que todas las mujeres tienen acceso dependiendo de sus ingresos, pero dónde no hay regulación, certificación profesional de los que proveen los servicios ni muchos menos protección legal a las mujeres que recurren a este mercado informal. Implementar medidas para reducir la oferta de servicios de aborto es comparable a una política de control de precios para frenar la inflación. Sólo logra crear incentivos para que se desarrolle un mercado negro donde se trancen los bienes y servicios que no se pueden adquirir en el mercado legal.

 

Antes de entrar a discutir los méritos éticos de las posiciones pro-opción y pro-vida, un paso obvio sería implementar campañas para evitar embarazos no deseados y así reducir la demanda por abortos (legales o ilegales). Pero en vez de unirse a iniciativas que promuevan ya sea la abstención sexual, los condones o la píldora anticonceptiva, muchos ‘provida’ nacionales pontifican desde sus plataformas de autoridad moral mientras en Chile se realizan 136 abortos diarios. Algunos pro-opción, por otro lado, en vez de abogar con más energía por programas de educación, parecen contentarse con la existencia de un mercado negro de clínicas que proveen los servicios.  Cuando un diputado (médico) denunció a una clínica abortiva, varios pro-opción lo criticaron privadamente porque atacaba las únicas opciones que tenían las mujeres para acceder a abortos.

 

Un método para evitar embarazos no deseados es la píldora del día después—que a menudo mucha gente confunde con la llamada ‘píldora abortiva’ (RU-486). El Ministerio de Salud se enfrentó a una férrea oposición de la iglesia, ciertos líderes políticos y medios de prensa cuando procedió a autorizar la distribución de la píldora del día después (no de la RU-486). Muchos de esos grupos también se oponen a la distribución de condones y a los programas sobre educación sexual. El síndrome del avestruz.

 

Nadie gusta de los abortos (salvo los doctores y las clínicas que se enriquecen al practicarlos), pero hay quienes colaboran para reducir el número de embarazos no deseados. La férrea oposición de la iglesia a las campañas para prevenir embarazos es comprensible (para la iglesia el sexo tiene sólo carácter reproductor), pero la firme oposición de políticos cuya misión es diseñar políticas públicas con leyes coherentes y efectivas, y de medios de comunicación, cuyo derecho y mandato ético es informar, solo contribuye a que aumenten los embarazos no deseados y, en última instancia, obliga a las  mujeres a elegir entre un bebé que nunca quisieron traer al mundo o un aborto.