Los F-16, el cobre y las prioridades

Patricio Navia

Revista Capital, mayo 18, 2001

 

He aquí un argumento falaz: los 600 millones de dólares que costarán los 12 cazabombarderos F-16 que espera comprar la FACH es plata que ‘ya está’ y por lo tanto no corresponde a ciertos diputados pedir que se reasigne ese dinero a otras causas como, por ejemplo, el fondo de contingencia para el empleo o la reforma a la salud.

 

$600 millones de dólares no es poca plata. Alcanza para construir 15 mil nuevas viviendas de 1500 UF. También podría financiar un tercio de lo que costaría dejar al país libre de anegamientos cada invierno. Con US$ 600 millones se puede construir 15 kilómetros de líneas del metro (actualmente éste tiene 41 km). En el peor de los casos, estamos hablando de un reembolso de $22,500 (pesos) para cada uno de los 16 millones de chilenos. Con eso se reactiva cualquier economía.

 

La plata del fisco, por más que ya esté asignada por la ley de presupuestos, o por leyes de presupuestos de años anteriores, es, en última instancia, dinero del estado y estos fondos pueden ser reasignados. Por ejemplo, hace unas semanas el Ministerio de Hacienda anunció “reasignación presupuestaria” de 80 millones de dólares para financiar la puesta en marcha del fondo de contingencia para el empleo. Estos recursos vendrían, entre otros, de “programas que han demostrado un menor rendimiento.”  O sea, el gobierno, así como las familias o empresas, reorienta sus dineros dependiendo de las prioridades.  Aunque a muchos de los uniformados no les parezca la idea, las Fuerzas Armadas no son autónomas sino que están, en última instancia, sujetas a la voluntad popular que se expresa a través de elecciones periódicas de presidente, senadores y diputados.

 

Claro, desde los años de la dictadura, las Fuerzas Armadas intentaron posicionarse por sobre el electorado auto-asignándose el papel de garantes de la democracia. Irónicamente, a partir de 1990, el boinazo, los ejercicios de enlace y otras pataletas uniformadas han sido las únicas amenazas a la consolidación democrática. La Constitución les garantiza una autonomía relativa en materia de presupuesto, decisiones estratégicas y promoción de personal que en cualquier democracia consolidada son regalías inaceptables.  Pero aún así, es ilógico pretender que el financiamiento de la renovación del aparato militar sea más importante que solucionar la crisis de desempleo o más necesario que una reforma al sistema de salud o de educación.

 

Para colmo de males, parte del presupuesto militar viene directamente de las ventas de Codelco. El año 2000, Codelco entregó US$ 296 millones a las FFAA. Del sueldo de Chile al sueldo de las FFAA. Nada costaría pasar una ley para reasignar el 10% de las ventas de Codelco a un fondo de contingencia para el empleo. En buenos años, cuando no se precise retirar dinero del fondo, éste aumentaría significativamente el ahorro interno (un 0,5% del PIB el año 2000). Y si no es el empleo, entonces que el 10% de las ventas de Codelco se reasignen a la educación, la salud, el cuidado infantil, la capacitación laboral o la lucha contra el crimen. Pero seguir utilizando el 10% de las ventas de Coldeco para financiar a las fuerzas armadas es comparable a que un hogar mantenga impagas las cuentas de electricidad, teléfono, agua potable y gas, pero siga suscrita y al día en los pagos de la televisión por cable. 

 

Es sorprendente la metamorfosis por la que atraviesan los ministros de defensa. Unas semanas después de asumir su cargo, Mario Fernández decía en El Mercurio que no entendía por qué septiembre pasó de ser el mes de la patria al mes del ejército. Un año después, el mismo Fernández por poco dice poner las manos al fuego por la buena voluntad de las Fuerzas Armadas en la mesa de diálogo. En Chile las fuerzas armadas siguen constituyendo un poder fáctico temible. No se toca el 10% de las ventas de Codelco y del gobierno anuncian muy ligeramente que los 600 millones para los aviones ‘ya están ahí.’

 

Es prioridad nacional reasignar esos fondos y darles un mejor uso. En el proceso, debería también abrogarse la ley que le da el 10% de las ventas de Codelco a las FFAA.  No hay mejor estrategia de posicionamiento estratégico en el mundo globalizado que gozar de una economía saludable que brinde oportunidades a todos los ciudadanos. Y no hay mejor manejo económico que aquel que utiliza los limitados recursos del fisco en inversión en capital humano que pueda redituar en mejoras en productividad, competitividad y profesionalización de la fuerza laboral nacional.