Un problema de imagen

Patricio Navia

Revista Capital, 1 de abril de 2001

 

No deja de sorprender el senado chileno. Algunos negociadores claves (como Boeninger) gozan de cuestionable legitimidad democrática mientras que varios electos popularmente brillan por su ausencia en los debates. En días recientes, la sala se abocó a discutir la clonación de embriones humanos. ¿Alguien dijo problemas reales de la gente? Basta pasearse por las universidades para verificar el deplorable estado en que se encuentra la investigación científica nacional. Si al senado le preocupan los temas éticos, debería enfrentar algunos de relevancia inmediata, como el de los miles de abortos ilegales que ocurren anualmente en clínicas privadas. O tal vez uno más simple: el divorcio.

 

Cierto, la Iglesia se opone. Pero los agricultores se oponen a los tratados de libre comercio, muchos jueces se opusieron a la reforma judicial, los funcionarios públicos se oponen a las privatizaciones y los empresarios reclaman contra la ley de evasión tributaria. Cuando hay grupos a favor y en contra, lo normal es que los parlamentarios voten para dirimir el futuro de los proyectos. Pero la Iglesia, a sabiendas que su postura es impopular, injustificable ante aquellos que quieren rehacer sus vidas e indefendible ante aquellos que no comparten la fe, prefiere cabildear para evitar una votación. Por eso, mientras el proyecto sigue archivado, los Honorables votan contra la clonación de embriones humanos.

 

Chile se queda sin ley de divorcio porque el Senado (y el ejecutivo) teme a la iglesia. De nada sirve argumentar que somos el único país occidental que no tiene divorcio, que de Becker y Friedman a Saramago y Cecilia Bolocco apoyan el derecho de la gente a poner fin a sus contratos matrimoniales. Tampoco ayuda argumentar que el divorcio sólo vendría a regular una práctica ya en uso—cuando hay demanda y oferta, los mercados emergen por generación espontánea—ni que es éticamente inaceptable que la iglesia cobre por los servicios prestados durante la dictadura. Como existe la ‘nulidad,’ la gente no reclama tanto, pero a menudo el costo que implica mantener este sistema sui generis pasa inadvertido.

 

En estos días el poder judicial, y lo que hizo o dejó de hacer durante la dictadura, es tema favorito de la opinión pública. El reconocimiento del presidente de la Suprema sobre el papel de la justicia durante esos años sólo añadió leña al fuego. Pero Álvarez habló porque sabe que la justicia tiene problemas de imagen. Pese a la reforma judicial y a los recientes esfuerzos internos por reducir la corrupción, las revelaciones del Libro Negro de Alejandra Matus y las acusaciones contra Correa Bulo y otros por tráfico de influencias hacen de este poder del estado un símbolo del Chile que no queremos.

 

Tal vez el mayor problema de credibilidad de la justicia emana de la tan común práctica de las nulidades. En un país donde el abuso de los ‘resquicios legales’ nos llevó al borde de la guerra civil, la utilización popularizada de éstos para poner fin a los matrimonios civiles conlleva, querámoslo o no, el desprestigio del poder judicial.

 

Para procesar miles de nulidades matrimoniales cada año se requiere que los jueces participen del subterfugio utilizado por los ‘anulantes’ (incluidos varios honorables parlamentarios), los falsos testimonios de testigos y la complicidad de abogados. Después todo ello es ratificado por la Corte de Apelaciones local.

 

Un análisis cuidadoso podría incluso deducir que los jueces cometen el delito de prevaricación al dictar sentencia a sabiendas que todo es un engaño. Las nulidades no se dan entre parejas felizmente casadas que se ven moralmente obligadas a entablar un juicio por nulidad al descubrir que se contrajeron matrimonio en el lugar equivocado. No, estos juicios sólo ocurren, incidentalmente, entre personas que ya no viven como parejas ni tienen planes de volver hacerlo. Los jueces se prestan para esta farsa. Pero lo que es peor, al rubricar con sus sentencias el engaño, ayudan a perpetuar la percepción generalizada que la justicia se presta para muchas cosas.

 

Aunque a través de la nulidad los chilenos solucionan el predicamento de vivir en un país donde no existe la figura legal del divorcio, la práctica generalizada de este resquicio legal no contribuye a fortalecer las instituciones del estado. Es hora que los senadores se hagan cargo de su responsabilidad política, moral y ética y finalmente voten sobre una ley de divorcio.