Nuevo femicidio

Patricio Navia

La Tercera, junio 3, 2012

 

Aunque es legítimo cuestionar las capacidades de los adversarios políticos, reponer el debate sobre las responsabilidades que pudo haber tenido Michelle Bachelet en los eventos ocurridos después del 27-F es contraproducente para la Alianza. Precisamente porque hacerlo otorga a Bachelet la oportunidad para victimizarse y hace más fácil asociar a la derecha con viejas prácticas autoritarias, la Concertación saldrá con saldo positivo de esta nueva batalla, mientras que para el oficialismo, los costos superarán ampliamente los beneficios.

 

Desde que se convirtió en candidata presidencial a fines de 2004, Bachelet ha usado magistralmente la carta de la victimización. Presentándose como la abanderada de la gente contrario a la voluntad de los aparatos partidistas, logró imponerse como la candidata concertacionista. Durante la campaña, hábilmente pudo transformar críticas a sus habilidades -“no da el ancho”- en ataques a su persona, logrando que el debate se centrara más en la intencionalidad que en el mérito de los cuestionamientos. Como Presidenta, Bachelet utilizó el argumento del intento de femicidio político para alegar que las críticas a sus políticas eran en realidad críticas personales. Como no hay precedente de mujeres en La Moneda, Bachelet utilizó su condición de género como fortaleza, sugiriendo que las mujeres tienen otra forma -presumiblemente superior- de hacer política.

 

Las falencias del Estado y la equívoca reacción del gobierno después del terremoto del 27/F no pueden ser temas tabú. Pero la asignación de responsabilidades penales corresponde a la justicia. La comisión investigadora del Parlamento debe identificar responsabilidades políticas. Por eso, cuestionar los motivos de los parlamentarios oficialistas también es legítimo. Los historiadores aspiran a conocer la verdad. Una comisión investigadora aspira a obtener un beneficio político de la interpretación de los hechos.  Los rasgamientos de vestiduras son tan poco creíbles tanto cuando ocurren en la Concertación -que aspira a proteger a su candidata presidencial- como en el oficialismo, que quiere debilitar a su rival. Ni los unos ni los otros tienen como prioridad el bienestar de las víctimas.

 

Por cierto, resulta injusto atribuirle al gobierno la responsabilidad por esta operación. Hace rato que las bancadas parlamentarias de la Alianza muestran su independencia de La Moneda. Además, las teorías de conspiración suponen una eficiencia y capacidad de gestión por parte de los conspiradores que no se condicen con la realidad compleja y caótica que implica gobernar. Si un gobierno es capaz de organizar una conspiración perfecta, entonces no se entiende por qué comete errores tan evidentes en otros ámbitos de su desempeño.

 

Está por verse si la estrategia de reponer el debate sobre la reacción del gobierno después del 27/F debilitará la popularidad de Bachelet. Ya en el pasado la Concertación ha sido capaz de asociar a la derecha con las viejas prácticas del autoritarismo y el abuso. Además, Bachelet ha logrado asumir una  condición de víctima de los abusos de una clase gobernante que es también a menudo percibida por la población como abusiva y distante. Llevar el debate político a un campo  donde Bachelet ha demostrado habilidad para salir victoriosa pudiera no ser la mejor estrategia para la Alianza. De hecho, está siendo hábilmente aprovechada por los poderes fácticos de la Concertación para consolidar la candidatura de la ex presidenta.