Conflicto en Aysén: ¿Un nuevo Punta Choros?

Patricio Navia

La Tercera, marzo 24, 2012

 

La decisión de sentarse a conversar en La Moneda con los dirigentes del movimiento social de Aysén -aun cuando se trata de los líderes dialogantes y no los que han presionado con medidas de fuerza- podría contravenir la recientemente enunciada "doctrina Piñera", que no se negociaría cuando se ejercen presiones ilegítimas, como bloquear caminos.

 

Al aprovechar una conveniente coyuntura, el gobierno ciertamente descomprime la tensión en La Patagonia. Pero los beneficios de corto plazo son inferiores a los potenciales costos de mediano plazo  que implica dar señales confusas antes las promesas y el ceder a principios.

 

Así como la decisión de saltarse la institucionalidad ante las protestas contra la central termoeléctrica en Punta Choros sentó un mal precedente, la reunión en La Moneda el viernes hará más difícil lidiar con las protestas callejeras y responder a los movimientos sociales que irrespetan las normas de la democracia y ejercen presión ilegítima.

 

Después de varias semanas de cambiante estrategia para lidiar con el movimiento de Aysén, el gobierno había decidido endurecer su postura, anunciando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los agitadores que bloqueaban caminos y usaban herramientas impropias en un estado de derecho.  En democracia, los gobiernos tienen el legítimo derecho a usar la fuerza contra los que no respetan las reglas del juego.

 

Inmediatamente, el gobierno pagó costos políticos por su decisión. Acusando represión y -apelando a la relación de funcionarios del oficialismo con la dictadura de Pinochet- los voceros del movimiento social y oportunistas líderes políticos, que parecen obsesionados con obstruir la gobernabilidad, aprovecharon la ocasión para fustigar al  gobierno. Olvidando que los gobiernos de la Concertación usaron las mismas medidas (sin ir muy lejos, en los gobiernos de Lagos y Bachelet se aplicaron en casos de atentados mapuches y bloqueos de caminos), algunos conspicuos líderes concertacionistas demostraron un oportunismo impropio.

 

Pero después de pagar los costos de endurecer posiciones -postura celebrada por la derecha más doctrinaria y su electorado-, el gobierno sorpresivamente terminó recibiendo en La Moneda a los líderes más reconocidos del movimiento, sin que primero se cumplieran las condiciones establecidas por el Ejecutivo y sólo horas después de que se registraran violentos incidentes en el centro de Coyhaique e incluso la quema de un supermercado.

 

Es verdad que la coyuntura de pronto se tornó favorable y el gobierno aprovechó la ocasión para anotarse una muy necesitada victoria política.

 

El riesgo que se corre ahora con esa decisión es que la opinión pública pondrá menos atención a las advertencias y amenazas del gobierno. Esto es especialmente preocupante en un contexto en que muchos grupos de interés ya saben que a través de la presión en las calles pueden avanzar sus agendas de forma más exitosa que en los pasillos del Congreso, presionando por reformas legislativas.

Además, la decisión refuerza las críticas de quienes sostienen que esta administración actúa erráticamente en temas clave. 

 

Desde la prohibición de usar bombas lacrimógenas que fue revertida sólo días después hasta cambios drásticos en autorizaciones de marchas por la Alameda, el gobierno ha actuado con un pragmatismo excesivo que lleva a muchos a cuestionar la fortaleza de los principios que debieran guiar a un gobierno de derecha moderado y moderno.

 

Las demandas de Aysén son legítimas. Pero hay muchas otras demandas igualmente legítimas en el país. Jóvenes que quieren recursos para poder estudiar, padres que quieren educación de calidad para sus hijos, madres que necesitan centros de cuidados para sus bebés, pacientes con enfermedades no cubiertas por Auge, ancianos cuyas pensiones no alcanzan para cubrir sus necesidades, familias de clase media que no califican para programas sociales, pero cuyos sueldos tampoco alcanzan para cubrir los costos de la universidad. Los gobiernos deben decidir entre prioridades. Las elecciones son momentos en que la gente premia o castiga a los gobiernos por sus decisiones.

 

Pero la democracia no funciona cuando grupos de presión usan herramientas indebidas para ponerse primeros en la fila.  Si el gobierno cede a esas presiones, todos entenderán que, como en el tango, el que no llora no mama. En el extremo, el país podría convertirse en un desfile de marchas y protestas de grupos con demandas legítimas que optan por ejercer ilegítima presión.

 

El gobierno de Sebastián Piñera empezó a recibir críticas muy duras después de que tomó la decisión de suspender la construcción de una termoeléctrica en Punta de Choros sin apoyarse en la institucionalidad. El tiempo ha corroborado que esas críticas se justificaban, en la medida en que eran un estímulo para que otros grupos ejercieran presiones similares. El tiempo dirá si ocurrirá lo mismo. El próximo capítulo depende del tipo de acuerdo que logre con los líderes de Aysén.