¿Intendentes electos?

Patricio Navia

La Tercera, marzo 12, 2012

 

Si los intendentes fueran electos democráticamente, no estaríamos viviendo la crisis de Aysén.  Además,  avanzaríamos decididamente en reducir la centralización, una de las menos discutidas causas de la desigualdad.  Aunque la elección directa de Intendentes presenta riesgos, un buen diseño institucional permitirá asegurar los beneficios de una mayor descentralización minimizando los costos.

 

Los intendentes le deben su cargo al Presidente, no a los residentes de sus regiones. Por eso, siempre deben defender la postura del ejecutivo.  Cuando el titular de Interior ejerce poder, los intendentes también lo hacen. Pero cuando la influencia de Interior es superada por la de otros ministerios, los intendentes sufren las consecuencias.  Aunque ellos no tengan capacidad para afectar la aprobación presidencial, ser Intendente de un presidente impopular es especialmente difícil.

 

La estructura de incentivos de los intendentes es equivocada.  Para evitar generar preocupación en Santiago, los Intendentes ocultan las malas noticias. Muchos problemas que pudieron ser solucionados antes, estallan demasiado tarde dañando a La Moneda. Como es difícil remplazar a un intendente en una crisis, la solución se hace todavía más difícil. Además, los intendentes no pueden participar en las negociaciones cuando son percibidos como empleados de un gobierno fuertemente centralizado.

 

Algunas iniciativas a favor de la descentralización han sido exitosas. La elección democrática de concejales en 1992 y la elección directa de alcaldes a partir de 2004 han contribuido a mejorar la calidad de la democracia.  El sistema electoral para alcaldes ayuda a ganar a los moderados y pragmáticos.  Aunque algunos asuntos locales dependen de financiamiento del gobierno central, muchos alcaldes también han manejado inteligentemente el presupuesto para responder a las necesidades de sus comunas. Hay cuestiones estructurales de gestión que deben ser mejoradas (como la educación municipal), pero la elección democrática de alcaldes le ha hecho bien a la democracia.

 

El entrampado proyecto de ley para la elección directa de consejeros regionales (COREs) busca avanzar en descentralización con gradualidad.  Para evitar disminuir el poder del ejecutivo a nivel regional, La Moneda se opone a la elección directa de Intendentes. Pero resulta fácil de anticipar que los partidos escogerán un candidato CORE privilegiado—igual como ocurría cuando votábamos solo por concejales—para Presidente del Consejo Regional y ejercerá como intendente electo de facto, compitiendo con la autoridad nombrada por La Moneda.  Los parlamentarios, que los  ven como potenciales rivales para sus espacios de poder, tampoco quieren la elección directa de Intendentes, y han frenado exitosamente la elección directa de COREs.

 

Una reforma que otorgue más poder a las regiones ayudará a combatir una de las causas menos discutidas de la desigualdad, el disímil acceso al poder político entre Santiago y las regiones. Si se evitan externalidades negativas—como indisciplina fiscal regional e insuficiente coordinación entre la autoridad nacional y los gobiernos regionales—la elección directa de intendentes liberará el potencial de crecimiento de las regiones y generará incentivos para atraer más capital humano a las regiones extremas.  Aunque pierda poder en el corto plazo, Santiago se beneficiará de ser la capital de un país más desarrollado y más próspero.