Terremoto: fuertes réplicas y daños menores

Patricio Navia

La Tercera, febrero 14, 2012

 

El anuncio de la inminente formalización de 8 altos funcionarios por la fallida reacción institucional después del terremoto de 2010 constituye una fuerte réplica política de ese sismo. Para minimizar daños, la Concertación buscará poner el énfasis en los problemas que ha tenido el gobierno de Piñera en la reconstrucción. Si el cuasidelito de homicidio produce un daño irreparable y potencialmente tiene mayores costos políticos, la lenta reconstrucción tiene costos políticos concretos hoy.  Al desviar el foco de las responsabilidades por los muertos en el tsunami, la Concertación espera transformar a la ex Presidenta Bachelet de potencial responsable en beneficiaria del renovado protagonismo que tendrá el terremoto de 2010 y sus secuelas.

 

Nadie puede anticipar cuándo será el próximo terremoto, pero sabemos que ocurrirá. De ahí que debamos implementar marcos institucionales que reduzcan las probabilidades de destrucción y víctimas fatales y protocolos que permitan una adecuada respuesta gubernamental después de que ocurra el terremoto.  El sismo de 2010 demostró que—salvo casos aislados—la institucionalidad ha producido una infraestructura que resiste bien un sismo de gran magnitud. Pero las 156 personas fallecidas en el tsunami reflejan una gigantesca falla institucional en los protocolos que debiesen funcionar después del sismo.

 

La imputación del entonces subsecretario del Interior y de la Directora de la ONEMI involucra directamente al gobierno de entonces. Responsable de haber nombrado a Patricio Rosende en Interior y de ratificar a Carmen Fernández en la ONEMI, Bachelet aparece tácitamente como responsable política de los delitos presuntamente cometidos por Rosende y Fernández.

 

Al nombrarlos, los Presidentes expresan su confianza en la idoneidad de sus funcionarios de confianza para asumir las obligaciones y responsabilidades de sus cargos. Si incumplen sus funciones, los nombrados son responsables legalmente y, en este caso criminalmente.  Pero la responsabilidad política cae en quien nombró a los que incumplieron sus tareas y faltaron a sus responsabilidades.

 

Nadie sabe—porque ella nunca ha hablado públicamente del tema—qué llevó a Bachelet a nombrar a Rosende y Fernández.  A partir de la información pública sobre sus trayectorias, ninguno parece especialmente entrenado para enfrentar emergencias de esta naturaleza.  Las víctimas fatales del tsunami son fiel testimonio de que no fueron capaces de diseñar protocolos para reaccionar adecuadamente ante emergencias reconocidamente inusuales, pero que ya habían ocurrido anteriormente en Chile.

 

La ex presidenta se ha deslindado de responsabilidades políticas alegando que fue mal informada. Pero su responsabilidad precisamente radica en que ella nombró a los que debían informar y debían diseñar los protocolos.  Las traumáticas—y vergonzantes—imágenes que muestran a un gobierno que no sabía qué hacer en las horas posteriores al terremoto evidencian una gigantesca irresponsabilidad política de la máxima autoridad del país.

 

Ante los inminentes costos políticos que implicará la renovada atención en la fallida respuesta gubernamental después del terremoto—y para evitar el daño a la imagen de su principal carta presidencial—la Concertación buscará destacar los problemas del gobierno de Piñera en la reconstrucción. Después de todo, ahí también hay responsabilidades políticas y promesas incumplidas. Pero los errores y fallas en un gobierno no debieran eximir al gobierno anterior del escrutinio público.

 

Durante su cuatrienio, Bachelet insistió en que su llegada a La Moneda inauguraba una nueva forma de hacer política. Su insistencia en deslindar responsabilidades administrativas y legales en otros parece indicar que esa nueva forma de hacer política incluye no asumir las responsabilidades políticas que le caben como líder de los equipos que debían enfrentar emergencias como las del terremoto.