Asesinar a un policía

Patricio Navia

La Tercera, marzo 26, 2011

 

La polémica generada por la frase "asesinar a un policía es más grave que asesinar a un ciudadano común" se entiende más por la forma que por el fondo de la declaración hecha por el ministro del Interior.

 

Sus críticos han señalado que Rodrigo Hinzpeter erró al sugerir que los chilenos no somos iguales en dignidad y derechos. Esa crítica resulta equivocada al menos en dos dimensiones. Primero, porque las políticas públicas sistemáticamente discriminan a favor de personas en desventaja, precisamente en busca del objetivo de igualdad. Similar lógica justifica privilegiar la protección de un policía y, por consiguiente, la persecución de alguien que le dispare. Debido a que su trabajo los pone en situación de especial riesgo, la sociedad debe privilegiar perseguir a aquellos que atentan contra la vida de los policías. La persecución a Italo Nolli el pasado miércoles se justifica precisamente porque asesinó a un policía.

 

Una segunda dimensión es la necesidad de que las instituciones funcionen bien. La presencia de un policía debe garantizar el orden y el respeto a los derechos y deberes constitucionales. Atentar contra la vida de un carabinero o un funcionario de la PDI tiene implicaciones distintas a atentar contra la vida de un ciudadano común. Al dispararle a un policía, se atenta también contra las instituciones de nuestra democracia. Cuando desempeñan sus tareas, los bomberos tienen derecho a no respetar los semáforos en rojo y las ambulancias tienen preferencias de tránsito. De igual forma, la persecución de un asesino de policías justifica el uso de más recursos -ello no significa poner en riesgo la vida de otras personas- que la búsqueda de otros asesinos.

 

La vida de todos los chilenos vale lo mismo. Pero la sociedad cree prioritario proteger la vida de algunos. Las autoridades reciben protección especial, pagada por nuestros impuestos, porque un atentado contra un representante de elección popular tendría un efecto desestabilizador mayor.

 

En Estados Unidos, el Poder Judicial ha ratificado la constitucionalidad de leyes que aplican penas sustancialmente mayores (incluida la de muerte) a asesinos de policías, pues asesinar a los encargados de proteger nuestra seguridad es un crimen especialmente dañino para la sociedad en su conjunto. En Nueva York, atacar a un policía -o a un trabajador del sistema metropolitano de transportes- acarrea una pena más alta que atacar a un ciudadano común. Cuando los policías se sienten más seguros, todos nos beneficiamos.

 

Así como debe ser ejemplarmente castigado cuando abusa de su autoridad, un policía también debe gozar de protección especial en el ejercicio de sus tareas. Para ser 'del débil, el protector', los carabineros deben tener la seguridad de que aquellos que no trepidan en usar sus armas contra ciudadanos comunes tendrán más cuidado de hacerlo contra un policía, porque saben que serán objeto de una persecución incansable y recibirán un mayor castigo. Eso fortalece las instituciones y hace que todos nos sintamos y sepamos más seguros.

 

La polémica por la declaración de Hinzpeter se entiende por la inconveniente forma de expresar este concepto, pero no por el fondo del mensaje. Precisamente, porque los policías son los encargados de velar por nuestra seguridad y porque como sociedad queremos promover el respeto a las instituciones, sus vidas deben ser especialmente protegidas cuando están haciendo su labor.