Una inaceptable práctica común

Patricio Navia

La Tercera, febrero 7, 2011

 

La declaración pública de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, que insinuaba haber informado erróneamente al gobierno de la realidad de la zona para lograr más recursos para la construcción de viviendas, evidencia un problema en la forma de hacer política en Chile. No corresponde -e incluso puede constituir una falta administrativa- distorsionar la realidad para recibir más financiamiento. Pero también es cierto que esa práctica ha sido usada por años por los políticos que ejercen como intermediarios entre la gente y el Estado.

 

En 1977, el politólogo Arturo Valenzuela publicó el libro Political Brokers in Chile (intermediarios políticos). El actual subsecretario estadounidense para asuntos hemisféricos analizó la forma en que alcaldes y regidores devenían en visitadores sociales que buscaban recursos del gobierno central para necesidades particulares de sus zonas, de manera de construir bases de apoyo electoral. Las relaciones clientelares entre residentes que veían en sus políticos el acceso a beneficios o ayuda del gobierno explicaba el éxito de políticos conservadores en zonas tradicionalmente asociadas con la izquierda y daba cuenta de cómo los nuevos partidos crecían a partir de la penetración de regidores que demostraban capacidad para conseguir recursos del gobierno central. Irónicamente, el influyente análisis de Valenzuela se basó en un estudio conducido en 1972 en comunas de la actual Región del Biobío.

 

La forma en que Van Rysselberghe explicó sus gestiones ha generado polémica porque fue grabada y difundida. Pero el sentido de sus dichos no se aleja de lo que normalmente dicen las autoridades a la gente. Es más, autoridades que son incapaces de conseguir concesiones del gobierno central difícilmente serán reelectos o no podrán ser candidatos.

 

Pero cuando un parlamentario es descubierto manejando a 150 km por hora, no basta con decir que otros también lo hacen. Pudiera parecer injusto que sólo ella sea castigada por una práctica común, aunque sería lamentable que el gobierno sentara el precedente de que los políticos locales pueden legítimamente convertirse en trabajadores sociales, que consiguen beneficios particulares, saltándose normas y reglas, a través de regateos y mentiras, intercediendo por la gente ante el ogro del gobierno central, que sólo parece interesado en mantener una política fiscal responsable.