La democracia ciudadana de Piñera

Patricio Navia

La Tercera, mayo 8, 2010

 

Con la creación de comisiones ciudadanas para abordar temas candentes de políticas públicas, el gobierno envía señales contradictorias. Si bien es loable que promueva la participación ciudadana, Sebastián Piñera  envía tres señales confusas. Primero, reconoce que sus reformas no estaban maduras. Segundo, diluye la promesa de urgencia en la implementación de reformas. Tercero, profundiza la insuficiente sintonía con los partidos de la Alianza en el Congreso.

 

El concepto de democracia participativa, que Michelle Bachelet popularizó en su campaña e intentó materializar en la forma de comisiones ciudadanas, fue duramente criticado. Al formar comisiones, lo que se ganaba en ideas se perdía en valioso tiempo legislativo. Había que esperar los informes de estos grupos para preparar proyectos de ley. Pero el hecho de que una comisión emitiera un informe -que muchas veces no era unánime- no garantizaba la aprobación de una reforma en el Congreso.

El reciente rechazo en la Cámara de Diputados a una de las reformas propuestas por la Comisión de Educación creada después de las protestas estudiantiles de 2006 ejemplifica lo inútil que resulta ignorar al Parlamento en el proceso legislativo. Una buena legislación precisa de una promulgación expedita. En materia de ley, la perfección es enemiga de la urgencia. La demora en implementar una reforma implica costos altos para el país.

 

La promesa de eficiencia explica en parte la victoria de Piñera, o al menos, fue una de las razones que él usó para fustigar a la Concertación.

 

Las propuestas de los Grupos Tantauco para impulsar el desarrollo y crecimiento hacían suponer que el nuevo gobierno tendría una lista acuciosa de proyectos de ley listos para ser enviados al Congreso.

 

El sentido de urgencia que comunicó Piñera en campaña se debilita cuando el gobierno reconoce implícitamente que las soluciones a los problemas de educación, sueldo mínimo e incorporación de la mujer al mercado laboral tendrán que esperar que los informes de las comisiones se conviertan en proyectos de ley de incierto destino, en un Congreso dominado por la oposición y donde se multiplican los legisladores díscolos.

 

La creación de comisiones también profundiza los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, que ya produjeron altos costos en el gobierno anterior.

 

Resultaría más conveniente que la incorporación de propuestas ciudadanas y mejoras técnicas se produzcan en el proceso legislativo formal. Es más, si La Moneda busca consensuar leyes con técnicos y con la ciudadanía, ignorando al Congreso, más probable resulta que los legisladores ejerzan su propio derecho a modificarlas.

 

 En un contexto en que los partidos oficialistas ya han expresado con sorprendente candidez su molestia por no tener suficiente llegada con el Jefe de Estado, sería razonable sumar a legisladores de RN y la UDI a la preparación de proyectos de ley.

 

Con las secuelas y urgencias que provocó el terremoto todavía demasiado frescas, el Presidente quiere ganar tiempo y normalizar el proceso político.

 

La popularidad del gobierno precedente lo pudiera llevar a querer imitar algunas buenas prácticas impulsadas por Bachelet. Pero la lección más importante de la ex gobernante no fue la democracia ciudadana, la formación de comisiones ni el disciplinado manejo fiscal de los primeros tres años. La gente la premió con el 70% de respaldo porque su legado, teniendo más aciertos que errores, se construyó a partir de la confianza y la consecuencia.

 

Bachelet dejó la Presidencia con una alta popularidad porque se esforzó en cumplir sus promesas de campaña. No hay mejor democracia ciudadana que aquella en la que los presidentes gobiernan cumpliendo lo que prometieron a sus electores en todo el país.