Fantasmas en palacio

Patricio Navia

Marzo 6, 2010

 

Inevitablemente, la memoria histórica del terremoto del bicentenario quedará asociada tanto a la destrucción provocada por la catástrofe y el maremoto, como a las imágenes de los saqueos del día siguiente. El dolor de la tragedia estará acompañado por la vergüenza de esas imágenes que mostraron que, después del terrible golpe de la naturaleza, la reacción de algunos chilenos podía ser tan indigna.

 

En situaciones similares en otros países, el temor al desabastecimiento, la incertidumbre sobre lo que se vendrá y la sensación de desamparo han producido reacciones similares en la población. En la historia de Chile también hemos tenido reacciones similares después de terremotos y otras catástrofes.  Por ello, los gobiernos tienen la obligación de demostrar con premura que están en control de la situación. Ya que reaccionó con lentitud, el gobierno comparte parte de la responsabilidad, por la sensación de caos que permitió el saqueo y que se alimentó producto de las imágenes que emitieron los medios de comunicación, informando sobre el pillaje.

 

Los daños de un sismo a veces resultan inevitables y las tragedias que produce un terremoto nos recuerdan que, pese al avance de la ciencia y tecnología, la naturaleza sigue siendo mucho más poderosa. Pero los efectos posteriores al terremoto sí se pueden controlar con más efectividad. La rápida respuesta del gobierno permite calmar ánimos y tranquilizar espíritus. Cuando ocurre un sismo de esa magnitud y las réplicas se sienten con frecuencia e intensidad, es inevitable que cunda el temor. Las catástrofes son solo leña seca para alimentar los saqueos. Los saqueos ocurren porque hay criminales que encienden las mechas de la incertidumbre.  Por eso, es tarea y obligación del gobierno dar señales tempranas y convincentes de que está en control de la situación. 

 

En democracias saludables -y Chile se precia de serlo-, las autoridades  tienen la obligación de proteger el orden público y asegurar la seguridad. Las fuerzas policiacas, y  las FF.AA. en ocasiones de catástrofe, deben asumir la compleja misión de garantizar la seguridad. Además, el mantenimiento del orden facilita la llegada de la ayuda humanitaria y de la respuesta inmediata de la burocracia estatal -e iniciativas privadas- destinadas a reparar los daños y proveer el apoyo a las víctimas.

 

Resulta natural que las autoridades echen mano a todos los recursos institucionales que están autorizados a utilizar para asegurar el orden. Las FF.AA. constituyen una herramienta especialmente efectiva para asegurar el orden público en situaciones de catástrofe. En democracias sólidas, los presidentes legítimamente electos envían las tropas a las calles sin trepidar.

 

El terremoto nos recordó que, para muchos compatriotas, las FF.AA. todavía están asociadas con los dolorosos recuerdos de la dictadura. Es lamentable que ese trauma histórico haya estado también presente en las decisiones que tomó La Moneda en las horas posteriores al sismo. De haber actuado en consecuencia con el discurso de la normalidad democrática y asumiendo como realidad las repetidas arengas sobre el buen funcionamiento de nuestras instituciones, Michelle Bachelet hubiera tomado las medidas necesarias- incluido el envío de tropas a las zonas afectadas- para asegurar la paz y el orden en las zonas afectadas mucho antes de que las imágenes de saqueos y pillajes se hayan convertido en parte dolorosa -y evitable- de esta tragedia que enluta al país en su bicentenario.