No votar votando

Patricio Navia

La Tercera, enero 18, 2009

 

En el desordenado debate sobre la participación electoral, la clase política ha demostrado que cuando se trata de intereses personales, el bien común es segunda prioridad. El gobierno y la Concertación parecen poco comprometidos con facilitar el ingreso de 4 millones de chilenos al padrón electoral por el temor a una posible ventaja de Piñera entre los nuevos electores y cuestionables argumentos éticos a favor de la votación obligatoria. A su vez, con la calculadora en mano, la Alianza quiere restringir el debate sobre la calidad de la democracia a la votación voluntaria con parciales argumentos a favor de la libertad individual. Como resultado, en las elecciones de diciembre tendremos un padrón que excluye a uno de cada tres chilenos. Peor aún, que deja fuera al 80% de los menores de 30 años.

 

De los casi 12 millones de chilenos en edad de votar, sólo 8,1 millones están inscritos.  En la última temporada electoral en 2005, el padrón aumentó en sólo 200 mil personas (sumando nuevos inscritos y descontando fallecidos). El entusiasmo que generó la candidatura de Bachelet llevó a 150 mil mujeres y 50 mil hombres a sumarse al padrón. Esta elección sólo con hombres candidatos difícilmente provocará un entusiasmo superior al de 2005.  El padrón no superará los 8,3 millones de personas en diciembre.

 

El electorado está sesgado hacia las personas de más edad. El 90% de los 7,6 millones de mayores de 35 años está inscrito. No debiera sorprender que los gobiernos sean expeditos para legislar sobre las pensiones o la salud.

 

Entre los más jóvenes, hay menos inscritos. En el grupo de 30 a 34 años de edad, hay 601 mil inscritos, el 51% del total. En 2008 había 654 mil inscritos con edades entre 18 y 30 años. Ya que hay 3,3 millones en ese grupo de edad, sólo uno de cada cinco chilenos menores de 30 años está inscrito.

 

La gran mayoría de los chilenos se inscribió en 1988, cuando pudieron hacerlo hasta 30 días antes del plebiscito del 5 de octubre.  Después, la cifra de nuevos inscritos cayó dramáticamente. Hoy, la mitad de los electores tiene más de 45 años, en circunstancias que la edad media entre los chilenos (excluidos los menores de edad) es de 38 años.

 

El problema de la exclusión no es sólo una cuestión de edad. Nuestro padrón está dejando fuera a los más pobres. A más nivel de educación e ingresos, mayor la probabilidad de estar inscrito. El actual cada día se parece más al sistema oligárquico excluyente de la república parlamentaria de comienzos del siglo XX que a una democracia moderna donde el electorado refleja la diversidad de origen e intereses de la sociedad. Nuestro sistema electoral avanza hacia la construcción de un padrón de cota mil, que represente adecuadamente a los sectores de más ingresos y excluya a los más pobres.

 

Como es sabido, el problema radica en la curiosa combinación de votación obligatoria consagrada en la constitución y la práctica de inscripción voluntaria. Además que constituye una violación flagrante del principio constitucional, la voluntariedad de la inscripción deja en claro que la elite política se siente cómoda con un sistema que excluye a los más pobres. 

 

El registro electoral está cerrado. Vuelve a abrir el 3 de marzo en horarios regulares de 9 a 13 y 15 a 19 horas, lunes a viernes. Los sábados abre de 10 a 14 horas en todas las comunas del país. Si bien el proceso de inscripción es rápido, el atender sólo en horas de oficina constituye una barrera innecesaria para muchos no inscritos.  Peor aún, por ley, el padrón electoral se cierra 90 días antes de la elección, el mismo día que se inscriben las candidaturas presidenciales y parlamentarias.  En la práctica, los no inscritos podrán hacerlo entre el 3 de marzo y el 11 de septiembre de 2009. Los chilenos deben comprar las entradas para un partido electoral antes de que se sepa qué equipos van a jugar.

 

El debate sobre la inscripción automática se trabó en el Congreso producto de la oposición de parlamentarios concertacionistas al voto voluntario. Correctamente, los defensores de la votación obligatoria alegan que la voluntariedad potencialmente excluiría a los más pobres, que pudieran ser objeto de cohecho para que se abstengan. Pero incorrectamente ignoran que la exclusión de los más pobres ya es un hecho. Los defensores del voto obligatorio están tratando de evitar una enfermedad que hace años afecta a nuestra democracia.

 

La Alianza en cambio parece obsesionada con la voluntariedad del voto. Alegando una defensa de la libertad individual que no está dispuesta a extender a otros ámbitos de la vida privada, la Alianza tampoco parece interesada en la cuestión de fondo: la exclusión que afecta a cuatro millones de chilenos, 80% de ellos menores de 30 años.

 

El gobierno de Bachelet se atrasó demasiado en forzar este debate en el Congreso. Si bien siempre demostró interés en promover la participación ciudadana, Bachelet primero coqueteó con soluciones sofisticadas y de segundo orden, como los referendos, las iniciativas populares de ley y los cabildos deliberantes. El debate sobre la inscripción automática y el voto voluntario se podría haber producido hace tres años, lo que hubiera ayudado a que muchos parlamentarios no tuvieran la calculadora en mano como la tienen hoy.   

 

Ahora que el acuerdo de inscripción automática y voto voluntario corre riesgo de muerte, gobierno y oposición debieran hacerse cargo del real problema que amenaza la estabilidad y legitimidad de nuestra democracia. En tanto la constitución mantenga la obligatoriedad del voto, el debate debiera centrarse en cómo facilitar vías para que los chilenos se inscriban.  Un paso obvio sería una reforma que mantenga los registros abiertos hasta dos semanas antes de la elección—en 1988, con menos tecnología, millones se inscribieron hasta 30 días antes. También debiera existir la posibilidad de inscribirse voluntariamente cuando se renueva el carné o se realiza algún trámite en el registro civil.

 

El electorado chileno—incluidos los no inscritos—es un paciente con inminente paro respiratorio en la sala de emergencia de un hospital. Pero la clase política insiste en discutir las implicancias éticas de obligatoriedad del voto cual doctores evaluando la posible condición depresiva del paciente. Más que discusiones teóricas sobre las virtudes y defectos del voto voluntario, es momento de tomar medidas de emergencia inmediatas para terminar con la exclusión de 4 millones de chilenos. Cuando todos los chilenos están habilitados para participar del proceso democrático bien podremos votar en un ejemplar plebiscito nacional para escoger entre voto voluntario y voto obligatorio.