Normas sin sanción

Patricio Navia

La Tercera, diciembre 28, 2008

 

Para que efectivamente fomenten la probidad e induzcan a una adecuada rendición de cuentas, las reglas sobre la transparencia y acceso a la información sobre el patrimonio de los políticos deben estar adecuadamente diseñadas. En tanto estas normas carezcan de sanciones reales para los que omiten información relevante, se mantendrá la opacidad sobre potenciales conflictos de interés y sobre las oportunidades para tráfico de influencias que alimentan las dudas sobre la probidad de los políticos y autoridades.

 

Varias autoridades declaran sociedades comerciales y de inversión, pero en muchos casos resulta difícil conocer el verdadero giro de dichas sociedades y su patrimonio económico. No se puede dilucidar dónde existirían potenciales conflictos de interés ni conocer el real patrimonio de una autoridad. Cuando declaran inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazo, muchos omiten especificar la cantidad. Entre las autoridades municipales, la opacidad sobre potenciales conflictos de interés es aún mayor.  

 

Naturalmente, reformas legales pueden obligar a las autoridades a transparentar más información relevante sobre sus intereses económicos y sus patrimonios. Pero de de poco sirve la legislación si no hay una cultura de probidad y una ética de transparentar conflictos de interés.

 

Los parlamentarios de Alianza se opusieron en julio de 2008 a una indicación del gobierno que establecía la dedicación exclusiva para los parlamentarios. Varios parlamentarios no se abstienen de votar sobre temas que afectan directa o potencialmente a los clientes de sus despachos de abogados. Algunos alegan que al mantenerse inactivos, los conflictos de interés desaparecerían automáticamente. De la misma mañosa forma, un presidente podría alegar que no existirían potenciales conflictos de interés entre sus intereses económicos y su cargo en tanto el no ejerciera activamente como empresario.

 

La dedicación exclusiva de los parlamentarios y alcaldes y la obligación de hacer públicas las declaraciones de impuestos personales y de las sociedades que forman parte sería un gran paso. Pero difícilmente podremos inducir, por ley, una cultura de transparencia de intereses y conflictos de interés. En tanto se mantenga el hecha la ley, hecha la trampa, la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades difícilmente podrá reflejar una realidad más auspiciosa que la tendencia a la opacidad que impera en nuestra sociedad.