La elite política no sabe de protestantes

Patricio Navia

La Tercera, octubre 12, 2008

 

El “feriado evangélico” es una mala idea desde donde se lo mire. La iniciativa refleja tanto la ignorancia de la elite política sobre la realidad de los evangélicos como el oportunismo de auto-declarados representantes de una población diversa que carece de organización formal. Porque poco contribuye a reconocer las contribuciones de los evangélicos y a responder a sus demandas de fondo, el gobierno debió vetar esa iniciativa.

 

Los argumentos contra el feriado abundan. Es malo tener dos días seguidos de feriado (Octubre 31 y noviembre 1). En medio de una difícil situación económica no conviene subir los costos del empleo formal con un beneficio de poca utilidad para los trabajadores. No se debe discriminar a favor de una creencia religiosa. Chile necesita igualdad de derechos religiosos, no discriminación selectiva.

 

Pero el principal problema del feriado radica en otros dos frentes. Primero, la elite política parece no saber que los evangélicos carecen de una organización nacional. Los autodenominados líderes evangélicos no pueden arrogarse vocerías que no poseen. A los pentecostales no los representan los presbiterianos ni los metodistas se sienten representados por un pastor bautista. La catedral evangélica de Jotabeche en Santiago no es representativa de todos los evangélicos. La mitad de los protestantes en Chile no comparte las creencias pentecostales. Al tratar a esos autoproclamados líderes como representantes de todos los evangélicos, los políticos demuestran su desconocimiento sobre el grupo cuyas contribuciones dicen querer reconocer.

 

En el censo de 2002, un 15,1% de los mayores de 15 años se declaró evangélico y un 70% católico. Un 4,4% adicional declaró otra religión. En el censo de 1992 un 13,2% era evangélico/protestante mientras que un 76,7% católico. Si bien experimentaron un crecimiento notable en los 80, los evangélicos han tendido a estabilizarse desde el retorno de la democracia.

 

De acuerdo a la última encuesta del CEP, un 80,2% de los mayores de 18 años es católico, un 14,1% es protestante. Un 0,4% adicional es mormón y un 1,2% Testigos de Jehová. Los protestantes distan de ser una sola denominación o compartir una misma doctrina. De acuerdo a la misma encuesta CEP, un 56,1% de los protestantes son evangélico-pentecostales. Un 19,3% son metodista- pentecostales, 4,3% bautistas, 3,7% adventistas, 2,7% metodistas,  2,1% del Ejército de Salvación, 1,5% prebisterianos y un 5,4% dice pertenecer a otras iglesias evangélicas o protestantes. Difícilmente se puede hablar de una “iglesia evangélica.”

 

Es más, incluso el grupo principal, los evangélico-pentecostales, no tiene una organización nacional que represente a todos los feligreses. En la práctica, cualquier templo puede tener autonomía administrativa y su propia doctrina religiosa y cualquier persona puede formar su propia iglesia autónoma de corte evangélico-pentecostal.

 

El segundo problema con el feriado es que el Congreso demuestra lo equivocado que está en sus prioridades. Incapaces de ponerse de acuerdo en cosas mucho más sustantivas como la reforma educacional, el Transantiago o la elección directa de autoridades regionales, los legisladores optan por aprobar un feriado que sólo le importa a un puñado de pastores que buscan un poder político que se debe conseguir en elecciones y que por cierto resulta inconveniente en una democracia que privilegia la separación de la iglesia y el Estado.

 

La mejor forma de reconocer las contribuciones protestantes y evangélicas es terminando con la discriminación contra los que profesan creencias distintas a la católica. Parafraseando a Bachelet, paridad de creencias en el gobierno. Al impulsar este feriado, los parlamentarios están haciendo un acto populista y sacando cuentas alegras de los votos que van a cosechar, pero solo están demostrando lo inepto que son en su tarea de legislar y lo equivocados que están cuando dicen entender al mundo protestante y evangélico en Chile. Esto puedo convertirse en uno de los legados más vergonzosos de la administración Bachelet.