Pidiéndole peras al olmo

Patricio Navia

La Tercera, septiembre 14, 2008

 

La reacción de varios diputados ante la trágica muerte del diputado RN Pedro Álvarez- Salamanca ejemplifica la difícil relación que tenemos los chilenos con el estado de derecho, el imperio de la ley y la honestidad.

 

Los diputados intentaron ocultar a las autoridades—y a la prensa—las indiscretas circunstancias en que ocurrió el fallecimiento. Al hacerlo, faltaron a la vedad. Incluso, pudieron haber cometido delito. En su defensa, los honorables alegaron que lo hicieron para proteger a la familia del occiso, aunque eso implicara mentir y engañar. El relativismo moral y ético que utilizaron refleja un débil apego al estado de derecho y al imperio de la ley. La vida privada de un diputado no debiera ser cuestión de debate publico. De hecho, no lo ha sido. Por eso mismo, nada justifica que otros diputados den falso testimonio.

 

Cuando se han destapado escándalos de corrupción, los involucrados a menudo aluden a que sus actos se justificaban por la consecución de un bien superior. Como si el fin justificara los medios, el apego a ley pareciera ser una cuestión prescindible. Desde MOP-Gate hasta los escándalos de irregularidades en municipios liderados aliancistas, los involucrados siempre parecen haber violado la ley conscientemente pero amparados en la justificación moral de estar haciendo lo correcto. Algunos incluso atribuyen condición de héroes o de destacado servidor público a aquellos que conscientemente han ignorado leyes y reglas en el desempeño de sus tareas.

 

Esa práctica de someter el imperio de la ley a criterios subjetivos y relativistas es por cierto mucho más extendida en nuestra sociedad. Por ejemplo, muchos padres que quieren que sus hijos sean honestos y buenos ciudadanos, bajan música ilegalmente de Internet o compran videos piratas y otros artículos a vendedores ambulantes. Sin preocuparse del mal ejemplo que dan a sus hijos, predican lo que no practican. Así como un empresario no podría aludir al alto precio de la mano de obra para pagar menos que el salario mínimo, el alto precio de un producto no justifica la piratería o la compra a vendedores ambulantes. 

 

En el sector privado, las sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros contra personas por uso de información privilegiada han sido relativizadas. Desde aquellos que alegan que esas prácticas siempre se han dado—como si eso las hiciera aceptables—hasta algunos que deciden aceptar las multas para evitar malos ratos, pareciera que cometer faltas no acarrea una sanción moral en nuestra sociedad. Ciertamente todos tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero precisamente el poco costo asociado a cometer faltas que pareciera llevar a muchos a no pensarlo dos veces antes de infringir la ley o a minimizar sus infracciones como si el imperio de la ley no importara tanto.

 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta Chile es la modernización de su estado. Distintas iniciativas se han presentado para lograr que el aparato burocrático responda adecuadamente a las demandas y desafíos de una sociedad más competitiva y globalizada. Pero el Estado no puede ser mejor que la sociedad donde se desarrolla. A menos que como sociedad promovamos el apego irrestricto al estado de derecho, aunque duela—especialmente cuando duela—será imposible que nuestro estado sea un oasis de probidad donde siempre impere la ley. Si como individuos toleramos la mentira y el engaño, no podemos pretender que esas prácticas dejen de existir en el Estado.

 

En un país que quiere combatir la corrupción, las prácticas tolerantes con la ilegalidad, el nepotismo o las mentiras piadosas no contribuyen a fortalecer el estado de derecho. Los diputados involucrados en el incidente debieran pedir perdón, sin pero ni explicaciones. Su actitud fue reprobable y es inaceptable. Si como sociedad tenemos actitudes tolerantes con la mentira y el engaño, difícilmente podremos tener un estado sin corrupción, sin nepotismo y con igualdad de oportunidades.