Asesorías multiuso

Patricio Navia

La Tercera, junio 8, 2008

 

Los cuantiosos recursos para asesorías legislativos que tiene el Senado han sido inapropiadamente utilizados. El presupuesto para asesorías legislativas ha devenido en asignaciones discrecionales que están siendo utilizadas para objetivos muy distintos de los que inicialmente deberían perseguir.

 

Con el fin de los senadores designados en marzo de 2006, se liberaron más de 1.100 millones de pesos en el presupuesto del Senado. Razonablemente, los senadores destinaron alrededor de 800 millones para mejorar su desempeño legislativo. Porque los parlamentarios deben poseer conocimiento especializado para legislar adecuadamente, existía la necesidad de asesorías legislativas de calidad. Porque cada ministerio tiene presupuesto para contratar a expertos en las distintas materias de ley, hay una relación asimétrica entre el ejecutivo, que posee conocimiento específico sobre las materias de ley, y los parlamentarios que a menudo desconocen las implicaciones de los proyectos sobre los que deben pronunciarse y votar. Esta falta de especialización en el Congreso debilita el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.

 

Por eso, la decisión de asignar estos recursos a asesorías legislativas tenía sentido. Pero el Senado optó por el mecanismo menos transparente y más ineficiente para asignar esos recursos. Lo normal—que ocurre en los poderes legislativos de democracias más consolidadas—hubiera sido dotar a cada comisión de asesores que representaran a la mayoría y a la minoría en cada una de las 21 comisiones permanentes. Adicionalmente, se debiera contratar a un tercer asesor de común acuerdo. Cada comisión tendría 3 asesores legislativos.

 

En cambio, el Senado optó por entregar a cada senador un monto de aproximadamente 2,3 millones de pesos mensuales para contratar asesorías individualmente. Además de ser poco transparente, el mecanismo adoptado hace muy difícil que un senador pueda contratar a un asesor experto en una materia específica de comisión. La mayoría ha optado por asesorías ad hoc. Otros han optado por usar los recursos como asignaciones adicionales para gastos corrientes. Un senador, por ejemplo, ha justificado el uso de esos recursos para contratar abogados para defenderse en casos de desafuero alegando que precisa esos servicios para realizar adecuadamente sus tareas. Esa incomprensible lógica justificaría el uso de esos recursos para pagar incluso la consulta con el sicoanalista.

 

El objetivo de estos fondos es mejorar el desempeño legislativo del Senado. La poca transparencia en los criterios utilizados para contratar asesorías y la inexistente rendición de cuentas respecto a las calificaciones, habilidades y desempeños de muchos asesores alimenta justificados cuestionamientos. A razón de 26 millones de pesos anuales por senador, estos recursos no debieran ser de libre disposición. Algunos senadores parecen preferir las asesorías legislativas de conocidos operadores políticos. Otros concentran los gastos en el último mes del año. No pocos abiertamente reconocen que usan los dineros para apoyar su trabajo territorial.

 

Porque la calidad de las leyes es la base sobre la que se sustenta la institucionalidad, el trabajo de las comisiones legislativas del Senado debiera tener un adecuado apoyo profesional. El Senado debe reformar sus procedimientos internos para promover la transparencia y eficiencia en el uso de sus recursos. El dinero para asesorías legislativas debe ir a las comisiones legislativas y no a los presupuestos que discrecionalmente maneja cada honorable senador.