El destino de las becas

Patricio Navia

La Tercera, mayo 4, 2008

 

Ahora que ha quedado atrás el escándalo sobre la asignación de becas Presidente de la República, corresponde que el gobierno fije los objetivos que estas becas buscan alcanzar. Si la meta es entrenar académicos y funcionarios públicos de excelencia, se debieran establecer criterios sobre cuáles universidades otorgan dicha educación. También, se debiera explicitar las áreas de estudios prioritarias y cuántas becas se otorgarán a cada área.

 

Hace ya un año, se destapó un escándalo sobre la discrecionalidad en la asignación de becas Presidente de la República. Debido a que el proceso de selección no era lo suficientemente transparente, muchas becas se asignaban discrecionalmente a miembros de la familia concertacionista. Los criterios de nepotismo y amiguismo parecían imponerse en muchos casos a consideraciones basadas exclusivamente en el mérito de los postulantes. Para remediar la situación, el gobierno adoptó introdujo más transparencia en el proceso de postulación y ahora entrega más información sobre quienes resultan beneficiados. Al formar una comisión de expertos que evalúan las postulaciones, el gobierno ha reducido los espacios de discrecionalidad política. No debe sorprender, entonces, que entre los seleccionados de 2008 haya pocos miembros de la familia concertacionista. Naturalmente, entre los ganadores hay familiares de autoridades públicas. Pero su presencia no debiera producir sospechas. Los meritorios parientes de autoridades se  benefician cuando se reduce la discrecionalidad para favores políticos y se disipa la nube de sospecha que se forma cuando la opacidad caracteriza el proceso de selección.

 

Pero si bien se ha avanzado en aumentar la transparencia, resta mucho por hacer. No queda claro cuál es el criterio de asignación de becas por áreas de estudio. De las 300 becas para posgrados en el extranjero, se asignaron 148 en ciencias sociales y sólo 55 en ciencias médicas y de salud. Mientras se adjudicaron 48 becas para estudios en humanidades, sólo se asignaron 12 para ingeniería y tecnología. El gobierno evidentemente está interesado en preparar mejores funcionarios públicos, pero eso mismo debiera llevar a distinguir entre ciencias sociales y políticas públicas o economía aplicada. No es lo mismo estudiar un posgrado en derecho o historia que uno en administración pública o economía política.

 

Adicionalmente, tampoco es qué tanto pesa las calificaciones de los postulantes y la calidad de la universidad donde se llevarán a cabo los estudios. De los 148 becarios en ciencias sociales, 58 cursarán estudios en España. En Estados Unidos lo harán 39 y en Reino Unido serán 24. Si bien España posee universidades de calidad, resulta curioso el alto número de becarios que van a ese país. Sólo por la calidad de las universidades, la delegación que va a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia debiese ser sustancialmente más numerosa que la de España.

 

Naturalmente resulta difícil, a partir de la información publicada por MIDEPLAN, deducir la lógica que se utilizó para asignar becas, o para privilegiar las ciencias sociales sobre la ingeniería. El gobierno debiera transparentar esa información. Mejor aún, en tanto el gobierno explicite sus prioridades resultará más fácil aumentar el número de becas en áreas de estudio claves para el futuro de Chile. Cualquier análisis serio de costo beneficio concluirá que tiene sentido usar parte de las abultadas reservas internacionales del fisco para preparar técnicos y científicos mucho más allá de las 300 becas que se otorgaron este año.

 

En tanto se eviten escándalos, los gobiernos se dan por satisfechos cuando implementan políticas públicas. Pero porque debemos asegurarnos de que el dinero se gasta adecuadamente, los programas de gobierno deben someterse a una evaluación permanente. Cuando las metas son claras y la concreción de objetivos medible, podemos saber si son exitosas. Corresponde a MIDEPLAN definir criterios que permitan que haya más becas y que todas se asignen a personas que, yendo a universidades de la mejor calidad en sus áreas de estudio, adquieran el conocimiento y entrenamiento que las universidades y las dependencias estatales precisan para que Chile haga frente exitosamente a los desafíos de su tercer siglo de vida.