El lucro y la buena fe

Patricio Navia

La Tercera, febrero 23, 2008

 

Más que desnudar un nuevo caso de corrupción o de deficiente administración pública, el escándalo sobre la falta de control en el pago de subvenciones escolares a sostenedores privados refleja la incoherencia del gobierno de Bachelet. Hace un año, el gobierno impulsaba una ley para terminar con el lucro en las escuelas particulares subvencionadas. Hoy, el gobierno justifica la deficiente administración alegando que el pago de la subvención se basa en la buena fe. En un año, el gobierno pasó de querer el fin de los sostenedores por su interés en lucrar a alegar que los sólo por el hecho de ser sostenedores, estos chilenos merecen un trato preferencial respecto al resto de las personas que tienen negocios con el Estado.

 

Si bien los chilenos nos hemos acostumbrados a escándalos de corrupción, la controversia sobre fondos públicos que fueron a parar a personas equivocadas tiene más que ver con mala administración. El problema es mucho más la incapacidad del aparato público para hacer frente adecuadamente a los desafíos actuales que la corrupción de funcionarios públicos o el aprovechamiento de sostenedores y otros privados. No podemos pretender que con un aparato de Estado diseñado para mediados del siglo XX podamos ser exitosos al enfrentar los desafíos del siglo XXI.

 

Pero la modernización del Estado parece estancada producto de posturas dogmáticas de la Alianza y la Concertación. Mientras la Concertación parece persistir en la lógica de proteger a los sindicatos de trabajadores públicos, la Alianza centra sus objetivos en lograr reducciones de impuestos. Al final, el discreto presupuesto del Estado paga sueldos de funcionarios insuficientemente remunerados y poco productivos. Pero no hay suficientes recursos para tener funcionarios más capacitados ni para modernizar las operaciones del Estado. Tampoco parece haber voluntad para lograr renovar la planta de funcionarios e introducir mejor rendición de cuentas y mecanismos de mercado que resulten en mejores sueldos para el sector público pero que también permitan crear un servicio civil profesional donde no existan ni el pituto ni los puestos vitalicios.

 

Sin modernización del Estado, tendremos que acostumbrarnos a ver cada día más escándalos de este tipo. Durante los dos años que restan al gobierno de Bachelet, deberemos también hacernos a la idea que el gobierno llegará tarde a apagar incendios y que lo hará con argumentos elaborados a la ligera que demuestran tanto incompetencia como incoherencia ideológica. La llegada de Pérez Yoma a Interior debía poner coto a los desórdenes en el gabinete. Pero este nuevo incidente demuestra que mientras no exista coordinación entre los tres ministros políticos, el ya habitual desorden de La Moneda tendrá caras nuevas tocando la misma melodía.  

 

Este último escándalo de plata mal gastada refleja tanto las enormes fallas de gestión en el pre-moderno aparato de Estado chileno como el oportunismo rampante de un gobierno que sistemáticamente ha demostrado incapacidad para anticiparse a los problemas y que solo intenta apagar incendios después que los ayuda a crecer.