Antes renunciaban

Patricio Navia

La Tercera, 18 de enero, 2008

 

La única sorpresa sobre la reciente revelación de irregularidades en las contrataciones a honorarios en Gendarmería es que, esta vez, el gobierno ni siquiera se dio la molestia de recordar el “caiga quien caiga.”  Cuando nos acostumbramos a estas irregularidades, aquellos señalados como beneficiarios de la discrecionalidad no sienten siquiera la obligación moral de explicar el por qué de sus faltas. Lamentablemente para la probidad en el país, lejos están los días que un escándalo como este provocaba la renuncia de los involucrados.

 

En un reciente informe, la Contraloría realizó una serie de cuestionamientos a contratos de asesorías en Gendarmería. Entre las personas cuestionadas aparecen notables miembros de la elite concertacionista.  Desde el actual embajador en España hasta el actual Ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, los cuestionamientos del informe de Contraloría justifican que el diputado UDI Felipe Ward se refiera a Gendarmería como una caja pagadora de favores políticos.

 

Puccio aparece señalado como habiendo sido contratado para entregar informes trimestrales. “Confeccionados a mano”, esta referencia recuerda los cuestionamientos en 2005 al ex Ministro de Lagos sobre informes que realizaba para Codelco. Además de destacar su versatilidad en capacidad de asesorías, este informe deja meridianamente claro que a la hora de asignar recursos discrecionales, la gran familia Concertacionista tiene especial simpatía por sus miembros que temporalmente no ocupan cargos públicos. La mejor forma de defender la “vocación por el servicio público” parece ser militar en este selecto grupo de personas que, por angas o por mangas, siempre termina cobrando cheques pagados con los impuestos de todos los chilenos.

 

El titular del Trabajo, Osvaldo Andrade, ha sido duramente señalado en falta en el Informe de Contraloría. Andrade no se ha tomado la molestia de explicar el por qué de las irregularidades. La recién nombrada Ministra de Agricultura ha sido señalada por un ex Director de Gendarmería como beneficiaria de un contrato a honorarios sin que ella hubiese trabajado en esa dependencia pública.  Pero Hornkol tampoco se ha tomado la molestia de aclarar el punto.

 

Hace 5 años, Chile era sacudido por las investigaciones judiciales sobre el MOP-Gate. Las revelaciones de sobresueldos y triquiñuelas legales diseñadas en Obras Públicas para superar las barreras burocráticas de un Estado anquilosado remecían la conciencia nacional. El gobierno se vio obligado a pactar con la oposición un acuerdo para impulsar reformas profundas al sistema de financiamiento de campañas y a la contratación de altos funcionarios públicos. El rechazo generalizado a las acusaciones de corrupción y desvío de fondos públicos para el financiamiento de la política produjo resultados positivos cuando el gobierno y la oposición concordaron una reforma de modernización del Estado. Pero entonces, aquellos involucrados en las investigaciones judiciales y los señalados en los informes sobre irregularidades no solo daban las explicaciones del caso. También renunciaban.

 

Hoy, la historia es distinta. Del rasgamiento de vestiduras en el gobierno de Lagos hemos pasado a una actitud condescendiente del gobierno de Bachelet con los sindicados como responsables de las irregularidades. En vez de prometer investigaciones exhaustivas, el gobierno ahora prefiere el cómplice silencio para defender a sus altos funcionarios cuestionados.