Supremos part time

Patricio Navia

La Tercera, octubre 21, 2007

 

La práctica de algunos ministros de la Corte Suprema de dividir su tiempo entre el poder judicial y actividades académicas no contribuye a mejorar la reputación y el desempeño del tribunal más importante de Chile. Los cargos públicos de más alto rango deben ser trabajos de jornada completa. Demostrando el peso e importancia que atribuye a su desempeño, el pleno de la Suprema debería acordar que sus delicadas y cruciales obligaciones requieren dedicación exclusiva.

 

De los tres poderes del Estado, el judicial es el menos conocido por la opinión pública. Pocos chilenos saben el nombre del Presidente de la Suprema o de sus otros 20 integrantes. Ya que están obligados a jubilarse al cumplir 75 años—y porque para poder ser nombrados deben ser ya ministros de una corte de apelaciones o abogados de reconocida reputación—la edad promedio de los Supremos supera con creces la edad promedio de Diputados e incluso de Senadores.

 

En general, la breve permanencia de muchos ministros en la Suprema no permite que la opinión pública logre desarrollar familiaridad con las posturas jurídicas de los ministros. No hay suficiente información para garantizar la debida rendición de cuentas de los miembros del máximo tribunal ante la sociedad. El excesivo número de miembros hace más difícil evaluar el desempeño individual. Los 21 miembros de la Suprema superan con creces los 9 miembros del tribunal estadounidense, los 7 de la Suprema argentina, los 11 del tribunal brasileño e incluso los 18 vocales de la peruana.

 

Históricamente, la Suprema chilena tenía 16 miembros. En 1984 el número se incrementó a 17. La reforma constitucional de 1997 los aumentó a 21, para integrar miembros ajenos a la carrera judicial. Si bien correctamente buscaba darle un mejor balance de poderes del Estado, la reforma de 1997 innecesariamente aumentó el número de ministros y, contrariando los principios de balance de poderes, mantuvo la prerrogativa que da a la Suprema poder para vetar posibles integrantes. Esa autonomía constitucional le permite también a la Suprema tomar decisiones clave sobre sus operaciones y desempeño administrativo sin someterse a la fiscalización de otros poderes del estado.

 

Si bien es crucial que el poder judicial goce de autonomía para dictar sentencias, es clave también que exista control sobre su proceso administrativo. Por ejemplo, la carga horaria de trabajo de los Supremos dista mucho de ser la ideal. La lentitud de muchos procesos judiciales y la desprolijidad con que se redactan muchas sentencias (como ha quedado en evidencia en escándalos recientes) evidencia la necesidad de mejorar la gestión administrativa. La Corte Suprema tienen que trabajar más y mejor.

 

Una reforma a todas luces necesarias es la de establecer la dedicación exclusiva para los ministros de la Corte Suprema. Si bien resulta comprensible que algunos ministros quieran desarrollar actividades docentes, sus responsabilidades supremas y el sueldo de 4,8 millones de pesos mensuales hacen inconveniente que desvíen su atención hacia otros menesteres.

 

En Estados Unidos, la membresía en la Corte Suprema es de dedicación exclusiva. Aunque sus miembros regularmente dan clases magistrales, escriben artículos académicos y libros, no poseen otros trabajos regulares remunerados. Si bien visitan con regularidad universidades para dar clases magistrales, no son profesores titulares de ninguna institución académica. Los potenciales conflictos de interés y la intensa carga laboral que poseen en la Suprema hacen inconveniente—y prácticamente imposible—que los 9 miembros del tribunal estadounidense vean su trabajo como una cuestión de media jornada.

 

En Chile, no existe incompatibilidad entre ser miembro de la Corte Suprema y realizar tareas de docencia. De hecho, al menos 11 de los 21 ministros de la Suprema—incluido el Presidente Enrique Tapia—realizan actualmente labores docentes, remuneradas, en distintas universidades. Alberto Chaigneau, por ejemplo, dicta clases cuatro días a la semana en dos universidades por un total de 7 horas. Carlos Kunsemuller lo hace cuatro tardes por semana en tres universidades por un total de 6 horas y quince minutos. Margarita Herreros enseña en dos universidades tres días por semana por un total de 8 horas (incluidos los sábados de mañana). Tapia enseña dos días por semana en una universidad por un total de cuatro horas y media. Además, actualmente también desempeñan docencia los ministros Milton Juica, Ricardo Gálvez, Sergio Muñoz, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Patricio Valdés y Hector Carreño. Por cierto, la Corte Suprema opera diariamente de 8.30 a 13.30 horas. El resto del día, los ministros pueden realizar sus tareas y obligaciones en los lugares donde estimen convenientes.

 

Ya que, según un auto acordado de marzo pasado, la docencia solo se puede impartir después de las 15 horas, varios ministros literalmente dedican un par de tardes cada semana a hacer clases en distintas universidades.

 

En meses recientes, el poder judicial ha sido comprensiblemente criticado por la lentitud de sus procesos y fallos y por insuficiente transparencia y rendición de cuentas. De poco contribuye a la modernización y mejora en eficiencia del sistema judicial que los ministros entiendan sus obligaciones como trabajos de media jornada. Ya que reciben sueldos de jornada completa, los ministros de la Corte Suprema debieran también trabajar jornada completa y tener dedicación exclusiva.