Santos en la corte

Patricio Navia

La Tercera, julio 21, 2007

 

La Concertación—que tenía en la igualdad una de sus principales banderas—pierde legitimidad cuando la repartija de cargos y contratos a honorarios responde a favores a amigos y familiares y cuotas partidistas. La lista de honorarios de Gendarmería, donde figuran dirigentes del oficialismo recibiendo sumas que se les asignaron sin otro criterio que sus nexos políticos, es sólo el más reciente capítulo de esta larga y lamentable historia.  

 

El caso es, además, otro ejemplo de que el país le ha ido quedando grande a la Concertación. Y también a los dirigentes políticos en general, cuyos partidos cuyos partidos y coaliciones no han sabido adaptarse a una sociedad que se ha ido modernizando mucho más rápido que ellos.

 

Por el lado de la Alianza, persiste el temor al cambio. Desde su oposición al derecho al voto a los chilenos en el extranjero hasta su negación a permitir la incorporación de los comunistas al Congreso, la Alianza prefiere defender posturas reactivas más que iniciativas proactivas que consoliden la democracia y promuevan la inclusión.  

 

Pero la Alianza no está en el poder. La Concertación sí. Cuando ha demostrado habilidad política y ha tenido una hoja de ruta definida, ha logrado avances notables (a menudo con la colaboración de la Alianza). Pero desde los conflictos para aprobar recursos para el Transantiago hasta la votación de TVN, el gobierno de Bachelet ha dado señales de discreta habilidad política y de ausencia de hoja de ruta.

 

La culpa no es sólo de Bachelet. El aparato público no se modernizó a la par con el país. El barco estatal hace aguas por doquier. Pese a las loables iniciativas anunciadas por La Moneda, la opacidad reina en los organismos públicos.

 

Hay numerosos ejemplos que se podrían citar de iniciativas que la clase política ha dejado dormir durante años, pese a la urgencia de aprobarlas en pos de la transparencia y la meritocracia. El proyecto de ley para regular el lobby, que se ha demorado años en ser promulgado, es uno entre otros casos similares.

 

La propia Moneda da evidencia de que la discrecionalidad impera en demasiados ámbitos. Desde nombramientos en directorios de empresas públicas hasta la asignación de recursos, queda claro que los santos en la Corte valen tanto o más que los méritos.

 

Siempre van a existir santos en la Corte. Pero las sociedades modernas tienen instituciones que reducen la discrecionalidad y que promueven la transparencia. Es hora de que el Estado asuma el desafío de modernizarse para que no seguir atrás respecto a la sociedad y no convertirse en un freno para el desarrollo de Chile. Es hora de que la Concertación entienda que el Estado es de todos los chilenos y no sólo una fuente de recursos para pagar favores, distribuir pitutos y permitir que el arcoíris brille para siempre sobre La Moneda.