Igualdad ante la ley y ante la gente

Patricio Navia

La Tercera, julio 7, 2007

 

Por ser candidato presidencial, Sebastián Piñera no puede pretender que la opinión pública lo trate como un empresario más. Pero la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en su contra despierta dudas sobre la igualdad ante la ley que el Estado debe garantizar a todos los chilenos.

 

Aquellos que buscan dirigir los destinos del país a través del sistema democrático tienen que entender que sus dichos y actos son juzgados con criterios especiales. Un empresario que quiere ser Presidente no puede comportarse sólo siguiendo la letra y el espíritu de la ley.

 

Aún cuando se dedica a sus actividades empresariales, Piñera debe entender que sigue en campaña presidencial. Un candidato no puede ponerse y quitarse la camiseta de político a voluntad. En tanto mantenga sus aspiraciones presidenciales, todos los actos públicos y privados de Piñera—incluidos por cierto sus negocios—están sometidos al escrutinio público de una sociedad cada día más interesada en la transparencia y en la adecuada rendición de cuentas.

 

Como exitoso empresario, Piñera se ha beneficiado de una mayor exposición pública y de un mejor acceso a los medios de información (incluido el canal de televisión de su propiedad) que muchos otros políticos igualmente ambiciosos y con las mismas ganas de sentarse en el sillón presidencial. Su abultada billetera le permite acceso a más recursos que los que usualmente poseen los políticos chilenos. Pero su condición de empresario también implica costos. Por eso, la decisión de comprar acciones en un momento tan cuestionable (más allá de las implicaciones legales) constituye un profundo error de cálculo político. La relativa pequeñez de los montos involucrados y todo el ruido que ha generado esa transacción deben constituir una lección ejemplar para Piñera.

 

Desde que lanzó su candidatura presidencial en 2005, Piñera es candidato presidencial las 24 horas del día y todas sus transacciones empresariales están comprensiblemente sometidas a un escrutinio público mucho mayor que las de empresarios que no buscar ocupar el sillón de La Moneda.

 

Pero la decisión del SVS de multar a Piñera por una compra de acciones de LAN realizada en julio de 2006 constituye un error político igualmente grave. La maduración y sofisticación creciente del mercado de valores obliga a mejorar los estándares que tradicionalmente se han utilizado para regular las transacciones.

 

La necesidad de regular adecuadamente el uso de información privilegiada requiere que la SVS actúe con un criterio cada vez más riguroso para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades del mercado chileno. En abstracto, la decisión del SVS de multar cuestionables prácticas constituye un paso en la dirección correcta. Chile tendrá mercados mejores y más competitivos mientras más se impongan reglas que promueven la transparencia y la igualdad de oportunidades para los inversionistas.

 

Pero dar una señal de mayor rigurosidad precisamente en un caso que involucra al más político de los empresarios ha sido contraproducente. Más que recibir loas por promover la transparencia, la SVS ha sido cuestionada por supuestas motivaciones políticas. Más que establecer un buen precedente, la SVS ha sido acusada de infligir un daño político al candidato presidencial de la oposición. De poco sirvió multar a otras personas e iniciar nuevas investigaciones sobre el uso de información privilegiada. Las sospechas sobre motivaciones políticas seguirán rondando el ambiente independientemente de si la determinación final de la SVS se acoge a derecho.

 

Afortunadamente todos los involucrados pueden sacar lecciones de esta experiencia. Piñera debe entender que su condición de candidato presidencial lo obliga a someterse a criterios más rigurosos que los exigidos a otros empresarios. El aspirante a César debe parecer digno de serlo. La SVS tiene que entender que sus decisiones no son exclusivamente técnicas cuando se trata de un candidato presidencial de oposición. Es importante sentar buenos precedentes, pero es todavía más importante dejar en claro que todas las personas tienen igual de derechos, especialmente ante las decisiones discrecionales de la autoridad. El gobierno debe entender que la fineza de la política está en los detalles. Más que buscar beneficios políticos de corto plazo, La Moneda debe concentrarse en diseñar estrategias para recuperar el control de la agenda y para minimizar sus ya legendarios errores no forzados.