La discrecionalidad en la gran familia concertacionista

Patricio Navia

La Tercera, abril 29, 2007

 

La reciente revelación de una lista de 162 beneficiados con la Beca Presidente de la República que mantuvieron sus sueldos en Chile mientras realizaban estudios en el extranjero subraya lo dañino que resulta la falta de transparencia y el exceso de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Mientras más se destapa información sobre la falta de reglas claras y parejas para todos que históricamente caracterizó a la beca, más evidente se hace la necesidad de transparentar profundamente el acceso a la información pública y más necesario se hace establecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades para el perfeccionamiento profesional.

 

De los 948 becarios entre 2000 y 2006, 162 mantuvieron sus sueldos en las reparticiones públicas donde trabajaban. La información, entregada en un oficio de Mideplan a la Cámara de Diputados detalla los nombres de los beneficiarios, el área de sus estudios, el país donde fueron a especializarse y la repartición pública que les mantuvo el suelo. Ya que el documento no incluye los nombres y afiliación pública de aquellos becarios que no mantuvieron su sueldo, resulta imposible saber si existió favoritismo político o nepotismo en la entrega de estos privilegios.

 

Pero si sabemos que sólo uno de cada seis becarios mantuvo su sueldo. Ya que la “manutención de remuneraciones es una atribución exclusiva de la autoridad universitaria o pública”, no hay nada ilegal en añadir a la insuficiente suma de $700 dólares mensuales que otorga la beca la totalidad o una parcialidad de sus sueldos. Pero como tampoco existen criterios establecidos en el sector público que permitan reglas claras para acceder a este beneficio, la decisión literalmente queda en manos del jefe de turno. 

 

Por cierto, es perfectamente comprensible que una repartición pública quiera que el funcionario que sale a especializarse regrese a la misma repartición después de terminar sus estudios. Tendría sentido entonces establecer incentivos para mantener la relación contractual con el funcionario. Pero la evidencia anecdótica permite concluir que, en varios casos, las reparticiones públicas mantuvieron el sueldo sin que mediara un acuerdo de por medio para que el funcionario se comprometiera a volver. En esos casos, la mantención de sueldo parece estar más relacionada con un premio al desempeño anterior que con el compromiso de volver a trabajar al mismo lugar. Un caso a estas alturas emblemático es el del recién renunciado Superintendente de Valores y Seguro. Alberto Etchegaray mantuvo su sueldo en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia cuando salió a estudiar. Pocos meses después de haber vuelto al país, dejó esa dependencia para irse a la campaña presidencial de Bachelet. Resulta difícil entender el criterio de eficiencia y utilización adecuada de los recursos públicos cuando una repartición mantiene el sueldo a personas que, al terminar sus estudios, no tienen obligación de devolver la inversión con su trabajo.  

 

 

 

La discrecionalidad en la utilización de los recursos públicos abre las puertas para el uso clientelista, el amiguismo y el nepotismo. El país ha avanzado mucho en combatir la corrupción, pero evidentemente queda mucho por hacer. En meses recientes se ha acumulado suficiente evidencia de que la discrecionalidad atrae la corrupción, el nepotismo y el amiguismo. Desde el escándalo de Chiledeportes hasta la contratación sin mediar concurso público de familiares de autoridades (incluidos el hijo de la Presidenta y el hijo del Canciller), la corrupción y el nepotismo inevitablemente aparecen asociados a la falta de transparencia y a la excesiva discrecionalidad.

 

Lamentablemente, aquellos que tienen lazos familiares con autoridades y reciben beneficios se hacen inmediatamente sospechosos de ser privilegiados por sus pitutos y contactos. Ellos serían los más beneficiados con una mayor transparencia y una menor discrecionalidad. La nuera del ex Ministro Insulza, Claudia Hernández, es una de las dos funcionarias del Ministerio del Interior que mantuvo su sueldo cuando salió a estudiar el año 2005 con la Beca Presidente de la República. Nadie puede sorprenderse que se sospeche de trato privilegiado para un pariente de la autoridad. La ausencia de reglas claras y transparentes alimenta las dudas sobre la probidad en el sector público y hace imposible diferenciar los capaces de los apitutados. 

 

Después de 17 años en el poder, la Concertación no puede seguir intentando acallar los cuestionamientos a su desempeño y sus errores con el argumento de que en dictadura las cosas eran peores. Además de sonar como disco rallado, esa excusa no se hace cargo de que la coalición centro-izquierdista ya ha estado en el poder más tiempo de lo que gobernó el propio Pinochet.

 

El gobierno de Bachelet tampoco se debe hacer cargo de los errores de las administraciones anteriores. En vez de impulsar defensas corporativas de malas prácticas, el gobierno debiera marcar una diferencia cualitativa a huella a favor de la probidad y la transparencia. En vez de entregar oficios con información incompleta entre gallos y medianoche, el gobierno debe impulsar el Chile Transparente donde más duele, en las decisiones de gasto discrecional que hasta ahora han estado caracterizadas por la opacidad.

 

Las iniciativas a favor de la modernización del estado a menudo han sido impulsadas por escándalos de corrupción. Un gobierno que prometió anticiparse a los problemas y salir a dar la cara, no puede aceptar ser asociado con la poca transparencia que ha rodeado la investigación sobre la forma en que se entregaron las Becas Presidente de la República en las administraciones anteriores.  Pero es todavía más preocupante la tendencia a privilegiar la opacidad sobre el fácil acceso de las personas a la información pública.

 

Tanto el gobierno que evita hacer pública la evidencia en el uso discrecional de muchos recursos fiscales hasta el parlamento que demanda transparencia en el gobierno pero que se niega a informar sobre las comunes prácticas de nepotismo en la contratación de funcionarios y asesores en el propio Congreso, la causa a favor de la transparencia necesita desesperadamente sumar nuevos aliados al interior del sector público.