La gran familia concertacionista

Patricio Navia

La Tercera, febrero 25, 2007

 

La gran familia concertacionista

Después de casi dos décadas en el poder, muchos en la Concertación inevitablemente han caído en la práctica de administrar el aparato del Estado como patrimonio familiar. La cantidad de apellidos de la familia concertacionista que se repiten en puestos de confianza en el gobierno y en cargos que debiesen haber sido llenados en forma competitiva y meritocrática, es impresentable. Hijos, padres, hermanos y primos de líderes oficialistas están sobrerrepresentados. Los apellidos se repiten con preocupante y cuestionable frecuencia también en las becas Presidente de la República y en muchos contratos de asignación discrecional para estudios en el extranjero. La familia concertacionista parece creer que el Estado son ellos.

 

La consolidación democrática y el fortalecimiento de la sociedad civil, asociado con mayores demandas por transparencia y una creciente presión por convertir el principio de igualdad de oportunidades en una realidad concreta, nos obliga a abordar de frente y sin tapujos el problema de los pitutos al momento de conseguir empleo público y de postular a recursos fiscales, sean becas para estudios en el extranjero o proyectos concursables financiados por el Estado. Algunos alegarán que el 'pituto' es una práctica nacional enraizada en la sociedad chilena. Pero así como Chile fue capaz de transformarse para adoptar políticas de libre mercado más competitivas, también debe extirpar de raíz la práctica del pituto y del nepotismo en el sector público. Por cierto, es saludable que el nepotismo sea erradicado también en el sector privado. Pero un empresario que contrata a un pariente inútil paga costos con la competencia . En el sector público, en cambio, la ausencia de competencia en los servicios que entrega el Estado hace que el pituto no tenga costos frente a los competidores.

 

El caso Dávalos

Tomemos un caso concreto y simbólico de lo que implica ser parte de la familia concertacionista. Sebastián Dávalos Bachelet es el hijo mayor de la Presidenta Michelle Bachelet. Actualmente es funcionario de la Dirección de Comercio Exterior (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores. En una reciente entrevista, Dávalos señaló que "me da lata asumir que no se valoren las capacidades. La otra vez leí un artículo sobre las redes familiares en las contrataciones del gobierno. Y en la foto principal aparecía yo. Entré a trabajar a la Cancillería antes de que asumiera este gobierno…. No se miden las capacidades, sino que se dice que uno está aquí porque es 'hijo de'".

 

Pero la realidad es distinta. Después de un regular desempeño en la Prueba de Aptitud Académica, entró a estudiar "Ingeniería Comercial y Administración Pública antes de decidirse por Ciencias Políticas". Terminó sus estudios en la Universidad Central, comenzó a hacer una práctica pagada ($250 mil al mes) en Direcon a comienzos de 2005. Luego de titularse, entró como funcionario a la misma repartición, donde se desempeña hoy y desde donde reclama por haberse convertido en el símbolo del tráfico de influencias. Si bien entró a trabajar antes de que empezara este gobierno, la candidatura presidencial de su madre era un hecho cuando él fue discrecionalmente seleccionado para realizar una práctica pagada. Otros estudiantes de ciencias políticas con mejor rendimiento académico realizaron prácticas no pagadas junto a él y no fueron seleccionados. Por cierto, la PSU no es el único -ni el mejor- indicador de calidad académica. Muchos estudiantes corrigen falencias de su educación secundaria en la universidad y, cuando se les dan las oportunidades, tienen un desempeño académico notable. Pero ese no fue el caso de Dávalos.

 

Ahora bien, las preferencias a familiares en puestos de confianza o al momento de otorgar becas de estudio en el exterior provocan dos problemas diferentes. Cuando las personas son favorecidas pese a no tener las credenciales suficientes, el daño que se realiza es mayor. Candidatos mejor calificados quedan fuera, lo que constituye una injusticia. Además, el desempeño de esas personas en sus nuevos cargos o en sus estudios tendrá costos en materia de eficiencia y optimización de los recursos públicos. La utilización de 'pitutos' en este tipo de situaciones debiera condenarse ampliamente sin mayor controversia.

 

Pero supongamos que los favorecidos son tan buenos y meritorios como aquellos que no fueron considerados por no tener los apellidos adecuados. En tal caso, no se produce un daño a la eficiencia ni a la optimización de recursos. Pero si un joven de regular desempeño titulado de una universidad de regular reputación es preferido sobre otras personas de similares condiciones sólo por ser pariente de altos personeros del gobierno, se violenta el principio de igualdad de oportunidades. Aun si el susodicho realiza un excelente trabajo y demuestra que es bueno para la pega, la discriminación inicial no se redime. Aquellos que quedaron fuera por no tener el apellido adecuado también podrían haber hecho un excelente trabajo. No es un problema de eficiencia. Es una cuestión de justicia e igualdad de oportunidades.

 

No hay empate moral

Esta práctica de preferir a miembros de la familia concertacionista (aún cuando tengan las credenciales requeridas) atenta contra una promesa fundacional de igualdad de oportunidades que hiciera la Concertación.

 

Chile ha cambiado mucho desde 1990. Los acuerdos de elite que pavimentaron el fin de la dictadura han sido reemplazados por mayores participación, transparencia y exigencias en probidad. Nuestra democracia se ha consolidado. Pero eso también implica que el control de calidad de los procedimientos debe mejorar. Si bien Aylwin, Frei y Lagos escogieron a parientes para puestos de confianza, hoy no podemos aceptar que eso siga ocurriendo.

 

La Concertación pagará costos cuando se transparenten los nombres de todos los hijos de ministros, senadores, diputados, intendentes y altos personeros políticos que fueron beneficiados con becas Presidente de la República desde 1990 hasta hoy. Es cierto que eso también pasaba en el gobierno militar. Pero en dictadura se violaban los derechos humanos y no había rendición de cuentas. Aunque la transparencia bien debiera desnudar también a todos los beneficiados con pitutos en gobiernos anteriores, el empate moral no corresponde.

 

El caso de Dávalos Bachelet ciertamente no es el único. Ricardo Lagos Weber, el ministro vocero de gobierno hizo brillante carrera en Direcon, pero fue inicialmente contratado en forma discrecional cuando su padre era ministro de Educación. El hijo del ministro de relaciones exteriores, Alex Foxley ha desempeñado puestos de confianza -nunca por concursos competitivos- en varios gobiernos de la Concertación en Washington. La larga lista de la familia concertacionista que cobra sueldos en el sector público y que han estudiado en el extranjero financiados con dineros de los impuestos de todos los chilenos subraya la creciente percepción que la Concertación administra el Estado como un feudo familiar.