Entre el dicho y el hecho

Patricio Navia
La Tercera, noviembre 27, 2006

 

Para consolidar su credibilidad como una Presidenta comprometida con la probidad y  transparencia del sistema político partidista, Bachelet debe imponer estándares éticos en su gobierno que lleguen más allá de lo que exige la ley.  

 

Las 30 propuestas que entregó la Presidenta al país apuntan en la dirección correcta. Nuestro creciente problema de corrupción está directamente relacionado al deficiente sistema de financiación de las campañas y de la política en general. La democracia no existe sin partidos políticos, pero hay democracias con sistemas de partidos saludables y otras con sistemas corruptos. Además de promover transparencia en el financiamiento de las campañas, las iniciativas deben institucionalizar el funcionamiento de los partidos políticos. Así como la dirigencia del fútbol necesita profesionalizarse para alcanzar buenos resultados, la política también debe ser un ejercicio profesional. Mientras no existan mecanismos permanentes—no sólo durante las campañas—de financiamiento público para los partidos políticos no nos debiera sorprender que los partidos terminen capturando al aparato de estado (incluidos los municipios) para financiar sus actividades. Milton Friedman decía que no había almuerzo gratis. Si pretendemos que la actividad política se realice gratuitamente, terminaremos con operadores políticos de bajo calibre interesados sólo en capturar al estado.

 

Las propuestas de Bachelet apuntan en la dirección correcta. Pero los partidos políticos no van a funcionar bien—y no dejarán de capturar instituciones del estado—hasta que diseñemos mecanismos adecuados de financiamiento. El problema no se soluciona cerrando algunas llaves de recursos del estado. No es un problema de oferta de oportunidades de corrupción. Este es un problema de demanda por financiamiento para la actividad política.  O los financia el estado en forma transparente, o los partidos tendrán que optar entre triquiñuelas para apropiarse de recursos públicos o entregarse a defender intereses empresariales de sectores regulados. Si queremos políticos profesionales de calidad, tenemos que estar dispuestos a financiarlos.

 

Ahora bien. No basta con que Bachelet anuncie medidas en la dirección correcta. La Presidenta no se puede arriesgar a perder su credibilidad de compromiso pleno con la probidad. Por eso, aunque le duela, Bachelet debe imponer en su gobierno un estándar ético mucho más estricto que el que exige la ley. Cualquier persona seriamente involucrada en escándalos de corrupción (por procesamientos, revelaciones sobre conductas poco éticas o bien por la responsabilidad política en escándalos que involucran a sus subordinados) debería ser alejada del gobierno. Aquellos que queden limpios después de las investigaciones, podrán merecidamente volver después con dignidad. Pero para lograr que estas 30 propuestas se conviertan en realidad—y mejore la calidad de nuestra democracia—Bachelet debe enviar una señal de compromiso total con la probidad, caiga quien caiga y tropiece quien tropiece.