Fernando aún no ha vuelto

Patricio Navia

La Tercera, abril 27, 2006

 

Porque de los cuatro presidentes de la Concertación, la actual es la más personalmente comprometida con la causa de los derechos humanos, el gobierno debe tener una reacción inequívoca frente al escándalo que representa haber ocultado por años a la opinión pública información sobre los errores de identificación de detenidos desaparecidos cometidos por el Servicio Médico Legal (SML) en el Patio 29 del Cementerio General. Porque las implicaciones judiciales, políticas e históricas de este ocultamiento constituyen una mancha indeleble en la hoja de vida concertacionista, el gobierno debe asumir las responsabilidades políticas caiga quien caiga y cueste lo que cueste.

 

En 1998, el documental del cineasta Silvio Caiozzi titulado "Fernando ha vuelto" inmortalizó la conmovedora historia de Fernando Olivares Mori, detenido desaparecido cuyo cuerpo fue presuntamente encontrado en el Patio 29.

 

Ahora Olivares Mori está en el grupo de personas erróneamente identificadas en democracia. Por los errores del SML, Fernando aún no ha vuelto. Después de sufrir violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, los familiares de Olivares Mori han sufrido de la falta de profesionalismo en democracia.

 

Los tres últimos ministros de Justicia -Soledad Alvear, José Antonio Gómez y Luis Bates- deben asumir las responsabilidades políticas que implica la falta de transparencia sobre los errores de identificación de cadáveres de detenidos desaparecidos. Aunque los ex ministros han reconocido haber estado al tanto de algunos de los problemas, ninguno puso en conocimiento de la opinión pública dichos asuntos. Es cierto que hablaron con los familiares de las víctimas y entregaron información al Poder Judicial, pero debido a lo altamente sensible del tema, debieron haber transparentado los problemas existentes ante la ciudadanía.

 

Considerando que Bates fue anteriormente presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, la falta ética suya parece aún mayor. Pero también Alvear y Gómez erraron al prescindir de la transparencia pública sobre los errores que ellos conocían respecto de la identificación de cadáveres. El no informar a la opinión pública constituye una severa falta a la ética. Además, debieron haber tomado medidas más drásticas para corregir en su momento el problema. Les corresponde ahora asumir la responsabilidad política por haber guardado silencio en vez de haber promovido la transparencia.

 

La decisión actual de transparentar la información es un paso en la dirección correcta. Resta por ver las medidas que se tomen para corregir los errores anteriores.

 

Por cierto, las implicaciones judiciales para muchos otros casos de detenidos desaparecidos cuyos cadáveres sí son los del Patio 29 no son triviales. Muchos casos no han podido ser solucionados producto del error en la identificación de cadáveres. Por cierto, no pocos militares procesados por casos de detenidos desaparecidos pudieron haber recibido amnistía de haberse identificado correctamente los cuerpos del Patio 29. Las implicaciones judiciales de estos errores nos acompañarán por años y contribuirán a mantener abierta la herida del doloroso pasado de violaciones a los derechos humanos.

 

Corresponde al gobierno asumir la responsabilidad política de la coalición concertacionista por haber ocultado a la opinión pública la información disponible sobre los errores cometidos por el SML. Contrario a lo que señaló la Presidenta Bachelet, la ausencia de transparencia sí permite suponer intención de ocultar la verdad.

 

Porque es lamentable que la Concertación pase a la historia manchada por no transparentar a tiempo información relevante sobre el destino final de detenidos desaparecidos, todos aquellos funcionarios de gobierno involucrados en este escándalo deben declarar públicamente ya todo lo que supieron y cuándo lo supieron. Como señaló la propia Presidenta hace unas semanas, la memoria no admite punto final.