Los legisladores part-time

Patricio Navia

La Tercera, abril 16, 2006

 

Para que la calidad de la democracia mejore y las instituciones promuevan la política profesional responsable y eviten los conflictos de interés, el trabajo parlamentario debiera ser de dedicación exclusiva. Si persisten los legisladores de medio tiempo, aquellos que mantienen sus ocupaciones, empresas e intereses paralelos, la calidad de nuestra democracia no podrá seguir mejorando.

 

¿Se imaginaría usted a la Presidenta pasando a su consulta médica después de salir de La Moneda? ¿Aceptaríamos que los ministros de Estado hicieran consultorías y pegas ocasionales? Todos concordamos en que las tareas de Estado requieren dedicación exclusiva. Lamentablemente, parecemos menos preocupados por los parlamentarios que tienen pegas adicionales (que a menudo realizan en horas de oficina). El alto número de senadores y diputados que perciben ingresos adicionales por otros trabajos y por su participación en empresas evidencia un creciente problema de conflictos de intereses.

 

Los honorables afectados alegarán que no están haciendo nada ilegal. La Constitución sólo prohíbe que tengan empleos adicionales en el aparato público o en empresas con contratos públicos. La Carta Fundamental no sanciona la incompatibilidad de los parlamentarios con otras actividades remuneradas. Pero la Constitución tampoco prohíbe que el Presidente tenga un empleo adicional. Son, entonces, las consideraciones éticas las que hacen que los mandatarios sean de dedicación exclusiva.

 

Lo que es bueno para los presidentes es también bueno para los legisladores. Los proyectos de leyes a estudiar, las negociaciones políticas a realizar, las visitas a terreno, la atención a sus mandantes (los electores) y la necesidad de construir partidos políticos modernos y transparentes debieran ocupar todo su tiempo. Nadie debería abandonar sus obligaciones parlamentarias para dedicar tiempo a bufetes de abogados, empresas, universidades, intereses inmobiliarios o negocios diversos. La misma vara de probidad ética que usamos para el primer mandatario debiera ser aplicada también a los parlamentarios.

 

Los conflictos de interés que existen entre la labor parlamentaria y la participación activa (y pasiva) en cualquier actividad económica son innegables. Los senadores, por ejemplo, tienen acceso a información económica privilegiada de Hacienda y del Banco Central. Los parlamentarios influyen en la formación de las leyes y el presupuesto público. El conflicto de interés de un senador que maneja información privilegiada y tiene intereses económicos o laborales en empresas privadas es mayor que el que pudiera tener el ministro de Bienes Nacionales que no tiene el mismo acceso a esa información.

 

Sabemos que los parlamentarios son honorables (incomprensiblemente se sigue usando el calificativo en sus comunicaciones oficiales, aunque no lo hagan los igualmente honorables profesores, carabineros, enfermeras o jefas de hogar), pero la gente honorable también responde a incentivos económicos. En la medida que no separemos bien los intereses económicos particulares de las preocupaciones de gobierno, no podremos garantizar igualdad de condiciones a todos los actores económicos. Los que tienen mejor acceso (o puedan emplear en sus empresas) a parlamentarios que poseen información privilegiada, inevitablemente tendrán una ventaja desleal en el competitivo mercado.

 

Para seguir avanzando en la consolidación democrática, transparencia y apropiada rendición de cuentas, el trabajo de los parlamentarios debe ser de dedicación exclusiva. Si uno quiere estar en el Congreso, tiene que dejar toda práctica profesional paralela. Si uno prefiere la actividad privada, habrá otros dispuestos a ocupar los cargos de representación popular. La calidad de nuestra institucionalidad democrática no mejorará si los parlamentarios siguen pensando que su trabajo es sólo part-time y siguen boleteando para empresas que ellos directamente regulan desde el Congreso.