Calidad de la democracia

Patricio Navia

La Tercera, Octubre 8, 2005

 

Para consolidar nuestra democracia debemos entender que, más que obra gruesa, los nuevos desafíos tienen que ver más con las terminaciones de nuestro edificio institucional. Sin buenas terminaciones, los recientemente consensuados y legitimados fundamentos no lograrán traducirse en una democracia de calidad. En días recientes se han desnudado al menos tres deficiencias que aún persisten en nuestro diseño democrático: la frustrada candidatura presidencial de Aucán Huilcamán, las dificultades del Servicio Electoral (Servel) para realizar adecuadamente sus obligaciones y la vergonzante decisión del Senado de no transparentar todas sus votaciones.

 

La candidatura presidencial del activista indígena Aucán Huilcamán fue rechazada por el Servicio Electoral por no tener el número mínimo de adhesiones legalizadas ante notario. Es bueno establecer barreras de entrada a los candidatos independientes, porque si bien la competencia es saludable, de nada sirve tener una elección con 20 postulantes. Para ser candidato, una persona debe demostrar tener apoyo partidista o ciudadano. Pero esa razonable barrera de entrada no debiera discriminar contra las personas de menos ingresos. Bien pudiera establecerse que los adherentes precisan ir a las oficinas del registro civil más cercano a validar gratuitamente sus apoyos a abanderados independientes o que, mejor aún, se termine con los oligopolios del mercado de notarios. Pero en tanto el sistema siga discriminando contra los tradicionalmente excluidos, en nuestra democracia se repetirán los mismos apellidos.

 

El Servicio Electoral todavía no emite un informe de fácil acceso público donde dé cuenta, detalladamente, de los gastos de campaña de los candidatos a alcaldes y concejales de 2004. Resulta fácil anticipar que nuevamente el insuficientemente financiado Servel será incapaz de fiscalizar adecuadamente el proceso este año. Ya que el Servicio Electoral es una especie de Superintendencia de los Partidos Políticos, éstos no tienen interés en dotar a esa repartición de las herramientas adecuadas para fiscalizarlos eficientemente. Aunque denuncian a los sectores económicos que defienden la autorregulación, los parlamentarios evitan que sus partidos y gastos de campaña sean fiscalizados.

 

Pese a que en estas elecciones voten más personas que nunca antes, los 7,4 millones que irán a las urnas representarán solamente a un 67% de los chilenos en edad de votar. Si Bachelet logra obtener un 50% de los votos, sólo un tercio de los chilenos en edad de hacerlo habrá votado por la doctora socialista. Pero en vez de demandar la adopción inmediata de la inscripción automática (lo que podría liberar al Servel para que dedique sus recursos a fiscalizar los gastos de los partidos), el gobierno parecía orgulloso de saber que se inscribieron menos de un 15% de todos aquellos que se encuentran excluidos del padrón electoral. Aunque esté sangrando con menos intensidad, el padrón electoral chileno sigue disminuyendo respecto al universo de personas en edad de votar.

 

Finalmente, la reforma constitucional, celebrada por todos como un paso sustancial en el fortalecimiento democrático, estableció la probidad y transparencia como preceptos constitucionales: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional". Pero a menos de un mes de tan pomposa celebración, el Senado por abrumadora mayoría se opuso a terminar con las votaciones secretas. Aunque el presidente de la Cámara Alta, Sergio Romero, ha prometido insistir, la férrea oposición de la Alianza y de la Concertación a la transparencia -que inevitablemente alimenta sospechas sobre la probidad- en el Senado son una patética versión pomposa del padre Gatica que predica y no practica.

 

Si bien los aires de transparencia soplan en el Congreso (la iniciativa para transparentar los sueldos de los parlamentarios y también los contratos suscritos por el Legislativo son pasos en la dirección correcta), las dos reformas pendientes más importantes en ese poder del Estado serán más difíciles de lograr. Una reforma al sistema binominal que facilite la competencia y permita que sean los votantes -y no los partidos- los que escojan a los parlamentarios se anticipa como una difícil misión. Más complicado aún parece lograr que los parlamentarios legislen para transparentar los montos y fuentes de sus campañas. Optar por transparentar los sueldos pero no los dineros de campaña equivale a que un alcohólico prometa dejar de beber de lunes a viernes, pero no los fines de semana.

 

La democracia chilena ha logrado avanzar mucho desde sus tímidos inicios en marzo de 1990. Pero cuando se apresta a celebrar 16 años de vida posdictadura, es momento de iniciar las terminaciones de este edificio institucional que debe sentar las bases de un país más justo, más eficiente, más transparente y de más oportunidades para todos.